Pensionistas y Pensiones Nacionales

El pensionista debe comunicar a su Entidad gestora, dentro de los 30 días siguientes a que se produzcan, las siguientes variaciones:

• Cambios de domicilio: residencia habitual o fiscal.
• Inicio de actividades laborales
• Cambios en la situación económica: reconocimiento y/o cobro de otras prestaciones o pensiones nacionales o extranjeras u otro tipo de rentas.
• Cambios de la situación familiar: estado civil, nacimientos, defunciones…

Si el pensionista reside en el extranjero debe enviar asimismo el certificado de fe de vida dentro del primer trimestre natural de cada año, para acreditar su vivencia y así poder continuar percibiendo su pensión y evitar la suspensión de la misma.

Igualmente, y siempre antes del 1 de marzo de cada año, los pensionistas que tengan asignados complementos por mínimos en su pensión y que hayan obtenido ingresos brutos por rentas de trabajo, capital u otros conceptos (superiores a la cuantía que anualmente se establezca), deberán presentar declaración expresa de los mismos.

Para notificar estos cambios, el pensionista puede hacerlo a través de la Sede Electrónica de la Seguridad Social o a través del Portal Tu Seguridad Social, en el apartado “Gestiona tu prestación”. Para ello, debe disponer de certificado digital, DNI electrónico o cl@ve. En caso de no disponer de ninguno de estos medios, el pensionista tiene a su disposición una serie de formularios, que puede encontrar en esta página web. Una vez cumplimentado y firmado el formulario correspondiente por el propio pensionista, puede ser enviado por correo ordinario o bien presentarlo en cualquiera de los Centros de Atención e Información de la Seguridad Social (CAISS).

Para notificar estos cambios, el pensionista puede hacerlo a través de la Sede Electrónica de la Seguridad Social  o a través del Portal Tu Seguridad Social, en el apartado “Gestiona tu prestación”. Para ello, debe disponer de certificado digital, DNI electrónico o cl@ve. En caso de no disponer de ninguno de estos medios, el pensionista tiene a su disposición un formulario denominado Modificación de datos bancario y de domicilio.

Si el pensionista reside en el extranjero debe cumplimentar los datos bancarios añadiendo el BIC o SWIFT dependiendo del país de residencia.

Una vez cumplimentado y firmado el formulario por el propio pensionista, puede ser enviado por correo ordinario o bien presentarlo en cualquiera de los Centros de Atención e Información de la Seguridad Social (CAISS).

El fallecimiento debe comunicarse en todo caso, aportando el certificado de defunción del pensionista, a través de la Sede Electrónica de la Seguridad Social (para lo cual debe disponer de certificado digital, DNI electrónico o cl@ve) o presencialmente en cualquiera de los Centros de Atención e Información de la Seguridad Social (CAISS).

Si el pensionista reside en el extranjero, deberá notificarse el fallecimiento a la Dirección Provincial del INSS que le gestiona su pensión, o en su defecto,  a la Consejería Laboral de la Embajada de España del lugar de residencia.

• Si dispone de certificado digital, DNI electrónico o cl@ve, puede obtener directamente el certificado acreditativo de que percibe pensión o, en su caso, de que no figura como titular de pensión pública a través del servicio de la Sede Electrónica denominado “Certificados de prestaciones” o a través del Portal Tu Seguridad Social.

• Si no dispone de ninguno de estos medios, para solicitar el certificado acreditativo de que se percibe o no pensión de la Seguridad Social, tiene a su disposición un formulario denominado “Solicitud de certificados”. Una vez cumplimentado y firmado el formulario, puede ser enviado por correo ordinario o bien presentarlo en cualquiera de los Centros de Atención e Información de la Seguridad Social (CAISS).

• Si reside en el extranjero y no dispone de certificado digital, puede obtener directamente el certificado a través de la Dirección Provincial del INSS que gestiona su pensión.

• Si dispone de certificado digital, DNI electrónico o cl@ve, el interesado puede obtener directamente la información sobre el estado en que se encuentra su solicitud de prestación a través del servicio de la Sede Electrónica denominado “¿Cómo va mi prestación?” o a través del Portal Tu Seguridad Social, en el apartado “Tus Datos – Gestiones”.

• Si no dispone de ninguno de estos medios, para obtener esta información, el interesado debe dirigirse a cualquiera de los Centros de Atención e Información de la Seguridad Social (CAISS).

• Si dispone de certificado electrónico o cl@ve utilice el servicio correspondiente de la sede electrónica y firme electrónicamente su solicitud.        

• Si no dispone de certificado electrónico o cl@ve, puede utilizar la plataforma Solicitud y trámites de la seguridad social.
• En este último caso, le pediremos que inserte una foto, tomada en ese mismo momento, de su rostro mostrando su documento de identidad y podrá firmar su solicitud en pantalla.

El derecho al reconocimiento de las prestaciones prescribirá a los 5 años, contados desde el día siguiente a aquél en que tenga lugar el hecho causante de la prestación de que se trate, sin perjuicio de que los efectos de tal reconocimiento se produzcan a partir de los 3 meses anteriores a la fecha en que se produzca la correspondiente solicitud.

No prescriben las pensiones de jubilación, viudedad, orfandad y en favor de familiares.

El derecho al percibo de prestaciones reconocidas caduca al año de no haberse hecho efectivas:

• Si se trata de prestaciones a tanto alzado y por una sola vez, caducan al año a contar desde el día siguiente al de haber sido notificada en forma al interesado su concesión.
  
  
• Si se trata de prestaciones de pago periódico, el derecho al percibo de cada mensualidad caduca al año de su respectivo vencimiento.
  

Cuando las pensiones derivan de accidente de trabajo o enfermedad profesional, las dos pagas extraordinarias de junio y noviembre están prorrateadas en las mensualidades ordinarias, ya que estas pensiones se abonan en 12 pagas.

Los períodos de devengo estarán comprendidos entre:

• El 1 de diciembre y el 31 de mayo del ejercicio siguiente, ambos inclusive, si se trata de la paga extraordinaria de junio.
• Entre el 1 de junio y el 30 de noviembre, también ambos inclusive, si se trata de la paga extraordinaria de noviembre.

Será suficiente un día de abono de la pensión para el cómputo de la sexta parte íntegra de la paga extraordinaria correspondiente.

En los casos de extinción, baja o suspensión del percibo de una prestación, cualquiera que sea la causa, la paga extraordinaria se entenderá devengada el día 1 del mes en que se acuerde la baja o suspensión o se produzca la causa de extinción. 

Se abonará en razón de una sexta parte por cada uno de los meses comprendidos entre el mes de diciembre (paga extraordinaria de junio) o el mes de junio (paga extraordinaria de noviembre), y el mes en que se produzca la suspensión o extinción de la pensión. Cada sexta parte se calculará tomando la cuantía de la pensión ordinaria correspondiente al mes en que se acuerde la suspensión o extinción.

Sólo en aquellos casos en que el titular de la prestación económica de que se trate no disponga, en su localidad de residencia, de otro medio o modalidad de cobro.

La materialización del pago de la pensión puede hacerse, a petición de su titular, por trimestres o semestres naturales vencidos, aunque el devengo de aquella sea mensual y sin que, en ningún caso, se generen intereses a favor del beneficiario.

Será necesaria la solicitud de pensión devengada y no percibida en los casos de fallecimiento de un beneficiario de prestaciones económicas de la Seguridad Social, cuyo abono se efectúe a través de una modalidad distinta al sistema de abono en cuenta corriente o libreta de ahorro o que ésta estuviera cancelada.

La solicitud se producirá a instancia de parte legítima y se abonará, si procede, en nombre de la comunidad hereditaria.

• Puede modificar la cuenta de cobro de su prestación directamente en su entidad financiera colaboradora con la Seguridad Social. Para ello debe autorizar a la entidad financiera a realizar esta gestión y ellos se encargarán de gestionar el cambio directamente ante el Instituto Nacional de la Seguridad Social. Recibirá un sms o correo electrónico con la confirmación del cambio de cuenta.
• Si no dispone de medios de identificación electrónica, puede comunicar el cambio de cuenta de cobro de la prestación en el servicio Modificar datos bancarios del cobro de la pensión | Solicitud y trámites de la seguridad social.
  

• No obstante, le recordamos que puede realizar este trámite con certificado electrónico o Cl@ve, si dispone de ellos, o en otro caso, mediante representación de un familiar o allegado que sí disponga de certificado digital o Cl@ve a través de este servicio.
  

• No, en ningún caso nuestro personal funcionario se pondrá en contacto con usted para solicitarle la instalación de aplicaciones móviles para pagos entre particulares para pagarle atrasos o realizar los pagos ordinarios de una prestación.

• Las entidades de la Seguridad Social sólo emiten pagos a través de ingreso en la cuenta bancaria facilitada por usted o mediante la emisión de cheque, en los casos previstos para ello.

• Si recibe una llamada de estas características, puede ponerlo en conocimiento de nuestra Entidad adjuntando los datos del teléfono, descripción de la situación y sus datos de contacto a través de nuestro Buzón de Consultas.

• IMPORTANTE: Si usted tiene en trámite alguna gestión sobre prestaciones, es posible que tengamos que ponernos en contacto con usted para resolver cualquier incidencia en su envío o gestión de su prestación. En estos casos el funcionario se identificará y podrá darle detalles sobre la comunicación remitida por usted y la fecha de su remisión, como garantía de que se trata de una petición de datos oficial y legítima.

• Si el registro del fallecimiento se tramita antes de que se emita la siguiente nómina mensual, la liquidación se ingresará en la cuenta bancaria del pensionista: la cuantía de la pensión íntegra del mes del fallecimiento (con independencia del día del mes en el que se haya producido dicho fallecimiento, corresponderá la mensualidad íntegra) y la cuantía de las sextas partes de la paga extra que correspondan al periodo comprendido entre el 1 de diciembre y el mes de su fallecimiento (para los fallecimientos producidos hasta el 31 de mayo) o bien al periodo comprendido entre el 1 de junio y el mes de su fallecimiento (para los fallecimientos producidos hasta el 30 de noviembre). En este caso no deberá realizar ningún trámite adicional con el INSS para su percibo.

• Si el fallecimiento se registra con posterioridad a la emisión de la nómina del mes siguiente al del fallecimiento, se habrá abonado indebidamente la mensualidad posterior al mes del fallecimiento, por lo que se gestionará la devolución de ese importe. En este caso, los herederos deberán solicitar el pago de la liquidación de la parte de paga extra correspondiente. Para ello deberán solicitarlo a través del servicio Prestaciones devengadas y no percibidas por fallecimiento | solicitud y trámites de la seguridad social. 
• En los supuestos en los que el pago correspondiente no se hubiese recibido por estar cancelada la cuenta bancaria del fallecido, deberá solicitar su abono a través del formulario indicado en el punto anterior.

Para el cálculo de la base anual de la pensión, determinante del tipo impositivo del IRPF , se tendrá en cuenta el importe de la prestación por el número de pagas que le corresponden, incluidas las pagas extraordinarias, hasta el final del ejercicio.

Cuando se perciban por un mismo titular prestaciones en el extranjero y en España, se sumarán ambas aplicándose a la base anual conjunta la normativa del impuesto correspondiente a la residencia fiscal del titular.

Se consideran rentas exentas del IRPF las siguientes prestaciones económicas gestionadas por el INSS:

• Incapacidad permanente absoluta y gran invalidez
• Jubilación: derivada de gran invalidez y de incapacidad permanente absoluta.
• Pensión de orfandad
• Auxilio por defunción.
• Auxilio por defunción de la Gerencia del Fondo Especial.
• Pensión en favor de familiares de menores de 22 años o incapacitados para todo trabajo.
• Prestaciones derivadas de actos de terrorismo.
  

En cuanto a la tributación de los pensionistas residentes en el extranjero, se tendrá en cuenta si existe o no convenio bilateral suscrito por España, para evitar la doble imposición fiscal.

Sí, existe esa posibilidad siempre que el tipo voluntario solicitado sea superior al que, en cada momento, le corresponda conforme a su situación económica, personal y familiar. Puede solicitarlo a través de la Sede Electrónica de la Seguridad Social o del Portal Tu Seguridad Social, en el apartado “Gestiona tu prestación”. Para ello, debe disponer de certificado digital, DNI electrónico o cl@ve.

En caso de no disponer de ninguno de estos medios, existe un formulario denominado “Incremento voluntario de la retención por IRPF”. Una vez cumplimentado y firmado el formulario, puede ser enviado por correo ordinario o bien presentarlo en cualquiera de los Centros de Atención e Información de la Seguridad Social (CAISS).

El tipo de retención voluntario solicitado se aplicará, como mínimo, hasta el final del ejercicio económico y en tanto no renuncie por escrito al citado porcentaje o no solicite un tipo de retención superior, durante los ejercicios sucesivos, salvo que se produzca variación de las circunstancias que determinen un tipo superior al solicitado voluntariamente.

Sí, si existe con el país de residencia un convenio suscrito por España para evitar la doble imposición fiscal.

Deberá presentar anualmente un certificado de residencia fiscal expedido por la Autoridad Fiscal del país de residencia,  en el que deberá constar expresamente que el contribuyente es residente en el sentido definido en el convenio. El pensionista deberá enviar el certificado fiscal a la Dirección Provincial del INSS que gestiona su pensión.

Los titulares de prestaciones residentes en el extranjero no deben indicar sus circunstancias personales y familiares, ya que no se van a tener en cuenta a efectos de la retención del IRPF .

Además, se tendrá en cuenta si existe o no convenio bilateral suscrito por España para evitar la doble imposición fiscal. Si existe, no se aplica la retención por el IRPF  y rigen, con carácter general, las normas previstas en cada convenio.

Las pensiones del sistema de la Seguridad Social pueden embargarse, de acuerdo con la escala prevista en el art. 607 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en tanto la cuantía de la prestación supere el importe del SMI  vigente en cada momento. 

Si los salarios, sueldos, pensiones o retribuciones estuvieran gravados con descuentos permanentes o transitorios de carácter público, en razón de la legislación fiscal, tributaria o de Seguridad Social, la cantidad líquida que percibiera el titular, deducidos éstos, será la que sirva de tipo para regular el embargo.

Se exceptúan de la regla general aquellos supuestos de ejecución de sentencia que condene al pago de alimentos en todos los casos en que la obligación de satisfacerlos nazca directamente de la Ley, incluyendo los pronunciamientos de las sentencias dictadas en procesos de nulidad, separación o divorcio sobre alimentos debidos al cónyuge o a los hijos. En estos casos, así como en los de las medidas cautelares correspondientes, el órgano judicial fijará la cantidad que puede ser embargada.

Con carácter general, es inembargable la cuantía de la pensión que no exceda del SMI   vigente en cada momento, aplicándose los correspondientes porcentajes a embargar sobre los importes que superen dicho SMI.

Las retenciones se efectúan de forma escalonada mediante la aplicación de la escala prevista en el art. 607 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Se seguirá el procedimiento general, por lo que ha de ser declarado por resolución o acuerdo de la entidad u organismo competente, procediéndose a revisar los actos en los que se hubiese declarado con anterioridad, comunicándose a los obligados al reintegro y demás interesados.

Cuando la resolución sea firme por agotamiento de la vía administrativa, se remite a la TGSS  para que inste a los sujetos responsables del pago el importe a reintegrar mediante la correspondiente reclamación de deuda.

No se remitirán a la TGSS para su reclamación las resoluciones definitivas en vía administrativa en las que se declare la procedencia de reintegros cuya cuantía no exceda del 20% del IPREM  mensual, al tratarse de responsabilidad por sucesión "mortis causa".

La obligación de reintegro del importe de las prestaciones indebidamente percibidas prescribe a los 4 años, contados a partir de la fecha de su cobro, o desde que fue posible ejercitar la acción para exigir su devolución, con independencia de la causa que originó la percepción indebida, incluidos los supuestos de revisión de las prestaciones por error imputable a la Entidad gestora.

Cuando no sea posible aplicar el procedimiento especial, mediante el cual la Entidad gestora efectúa los descuentos sobre las prestaciones que abona, así como cuando, habiéndose aplicado el mismo,  no fuese posible efectuar las deducciones necesarias para cancelar la deuda en el plazo máximo previsto por fallecimiento del deudor, por extinción de la prestación que aquél viniese percibiendo o por cualquier otra causa.

• La pensión del SOVI  absorberá total o parcialmente el complemento a mínimo que pudiera tener la pensión de viudedad del sistema.

• La suma de la pensión de viudedad y la del SOVI no podrá ser superior al doble de la pensión mínima de viudedad de los beneficiarios con 65 o más años, vigente en cada momento, en cómputo anual. De superarse el límite indicado, la cuantía de la pensión del SOVI se minorará en el importe necesario.
  

A efectos de aplicar el tope máximo de pensión establecido en la correspondiente Ley de Presupuestos Generales del Estado, no se computan:

• Las pensiones derivadas de actos por terrorismo.
• El incremento del 50% de la pensión de gran invalidez. 
  

Como norma general, es preciso acreditar la edad real establecida en cada caso. No obstante, en aquellos colectivos que tengan previstos coeficientes reductores de la edad de jubilación en función de la actividad realizada, la edad de 65 años, a efectos de determinación del derecho a los complementos por mínimos, se entenderá cumplida cuando, por aplicación de dichos coeficientes, resulte una edad igual o superior a la de 65 años. Igual norma se aplicará en los supuestos de jubilación especial a los 64 años.

En las pensiones de incapacidad permanente, a efectos de los complementos por mínimos, el requisito de edad se aplicará de la siguiente forma:

• Cómputo de los 65 años para las pensiones de IP  total: se tendrá en cuenta la edad teórica.
• Cómputo de los 60 años para las pensiones de IP total cualificada: se considera la edad real.
  

Sí, en los supuestos de opción a favor de un subsidio por desempleo, así como para acceder a una pensión no contributiva por invalidez en grado igual o superior al 75%.

Si se trata de concurrencia con una pensión contributiva del sistema, la supresión de los efectos económicos de los mínimos reconocidos se realizará desde el día primero del mes siguiente a la fecha de la resolución de la prestación concurrente, o en su caso, de la resolución por la que se incrementa el importe de la otra pensión.

En los casos en que la pensión fuese ajena a las gestionadas por las Entidades gestoras (INSS e ISM), los efectos serán desde el día primero del mes siguiente a la fecha de resolución de la prestación ajena que figure en el Registro de Prestaciones Públicas.

Se computarán los correspondientes a sus rendimientos netos, quedando excluidos los gastos deducibles de dichas actividades conforme a la legislación fiscal.

En los supuestos en que existieran rendimientos procedentes de fondos de pensiones, cuando éstos se perciban en forma de capital, y siempre que hayan transcurrido más de dos años desde la primera aportación al fondo, únicamente se computará el 60% del capital percibido.

La edad de acceso a la pensión de jubilación depende de la edad del interesado y de las cotizaciones acumuladas a lo largo de su vida laboral.

Las edades de jubilación y los períodos de cotización se aplicarán de forma gradual hasta el 2027.

La edad mínima puede ser rebajada o anticipada, sólo para trabajadores en alta o en situación asimilada a la de alta, en determinados supuestos especiales.

En primer lugar, reconocerá la pensión el régimen en el que el interesado esté en alta en el momento del hecho causante o el último en que se produjo tal circunstancia, siempre que reúna todos los requisitos. En caso de no corresponder el derecho, se aplicará la misma fórmula en los regímenes anteriores.

Si en ninguno de ellos se acreditan los requisitos necesarios, resolverá el régimen en que el interesado acredite mayor número de cotizaciones, previa totalización de todas las que acredite el interesado.

Si el trabajador no acredita el requisito de la edad exigido en el régimen en que acredite el mayor número de cotizaciones, podrá reconocerse la pensión por dicho régimen siempre que cumpla el requisito de edad en alguno de los demás regímenes que se hayan tenido en cuenta para la totalización de periodos de cotización, además del resto de requisitos exigibles para ello (5 años ó 1/4 de las cotizaciones en el régimen que permite la jubilación anticipada).

Si el trabajador "tiene la condición de mutualista", podría jubilarse a partir de los 60 años siempre que cumpla determinados requisitos.

Si el trabajador "no tiene la condición de mutualista", y cesa como Autónomo, podría jubilarse a una edad inferior en dos años, como máximo, a la edad que reglamentariamente le sería de aplicación, siempre que alcance el resto de los requisitos exigidos.

Los períodos efectivamente trabajados (como trabajador por cuenta ajena incluido en el Régimen General, así como en los regímenes especiales de Trabajadores del Mar y de la Minería del Carbón), en los que el trabajador acredite una discapacidad igual o superior al 65%, se multiplican por el coeficiente reductor que corresponda:

• El coeficiente del 0,25, en los casos en que el trabajador tenga acreditado un grado de discapacidad igual o superior al 65%.
  
• El coeficiente del 0,50, en los casos en que el trabajador tenga acreditado un grado de discapacidad igual o superior al 65% y acredite la necesidad del concurso de otra persona para la realización de los actos esenciales de la vida ordinaria.

El resultado en días se suma a la edad real del trabajador y se obtiene la edad ficticia que será la tenida en cuenta a efectos de la pensión de jubilación.
 

La jubilación parcial es aplicable a los trabajadores por cuenta ajena, a tiempo completo, integrados en cualquier régimen por cuenta ajena de la Seguridad Social. No es aplicable al personal con relación funcionarial o estatutaria, consejeros o administradores asimilados a trabajadores por cuenta ajena, representantes de comercio y artistas.

Respecto de los trabajadores por cuenta propia, el artículo 318 del Texto Refundido  de la LGSS, dispone que la jubilación parcial resultará de aplicación a los trabajadores por cuenta propia incluidos en los Regímenes Especiales de Trabajadores del Mar y de Trabajadores Autónomos, en los términos y condiciones que se establezcan reglamentariamente. Dado que no ha tenido lugar este desarrollo reglamentario, estos trabajadores no pueden causar, en la actualidad, este tipo de jubilación.

Si accede a la pensión desde una situación asimilada a la de alta sin obligación de cotizar, (por ejemplo, está en paro involuntario con demanda de empleo ininterrumpida desde que finalizó la prestación por desempleo), el período específico de cotización de 2 años deberá estar comprendido dentro de los últimos 15 anteriores a la fecha en que cesó la obligación de cotizar (finalización de la prestación por desempleo).

Si el trabajador "tiene la condición de mutualista", sí podría jubilarse a partir de los 60 años siempre que cumpla los requisitos exigidos.

Si el trabajador "no tiene la condición de mutualista" y el cese en el último trabajo se produce por la libre voluntad del trabajador, podría jubilarse a una edad inferior a dos años, como máximo, a la edad que reglamentariamente le sería de aplicación, siempre que alcance el resto de requisitos exigidos.

Sí, en determinados supuestos con regulación específica como son determinados artistas y profesionales taurinos.

Tampoco se aplicarán coeficientes reductores en aquellos casos en que, por aplicación de bonificaciones por trabajos penosos o por minusvalía, se alcancen los años ficticios reglamentarios.

No es necesario esperar a la edad reglamentaria de jubilación. El trabajador que se acoge a la jubilación parcial podrá solicitar la pensión de jubilación ordinaria o anticipada, en cualquiera de sus modalidades, siempre que reúna todos los requisitos para ello.

Sí. En este caso, no será necesario que se celebre simultáneamente un contrato de relevo.

La regla general es que el disfrute de la pensión es incompatible con la realización de una actividad por cuenta ajena o propia que dé lugar al alta en la Seguridad Social. Sin embargo, existen diversas excepciones:

• La jubilación parcial permite al trabajador, de común acuerdo con su empresa, reducir su jornada de trabajo entre un 25% y un 50%, pasando a percibir la pensión de jubilación en cuantía proporcional inversa a la reducción de jornada. Si el trabajador no tiene cumplida la edad reglamentaria de jubilación, la empresa deberá concertar un contrato de relevo con otro trabajador.
• La jubilación activa, permite compatibilizar la pensión de jubilación con un trabajo por cuenta ajena o propia, a jornada completa o parcial, siempre que la jubilación se haya producido al menos un año después de haber cumplido la edad ordinaria (sin bonificaciones o anticipaciones de la edad de jubilación que pudieran ser de aplicación) y además, a la persona interesada le sea aplicable un porcentaje a la base reguladora del 100% por tener una carrera de cotización completa. Durante la jubilación activa se cobra el 50% de la pensión. No obstante, si la actividad se realiza por cuenta propia y se acredita tener contratado, al menos, a un trabajador por cuenta ajena, la cuantía de la pensión compatible con el trabajo alcanzará el 100%.
• La jubilación flexible, permite a quien ya es pensionista de jubilación iniciar un trabajo a tiempo parcial con una reducción de jornada comprendida entre un 25% y un 50% sobre la jornada habitual en la actividad, y compatibilizarlo con la pensión que venía cobrando, reducida en proporción al porcentaje de jornada desempeñada a tiempo parcial.
• La pensión de jubilación también es compatible con la realización de trabajos por cuenta propia cuyos rendimientos totales anuales no superen el importe del salario mínimo interprofesional en cómputo anual.
• La pensión contributiva de jubilación también puede compatibilizarse con el desarrollo de una actividad de creación artística por la que se perciban ingresos derivados de la titularidad de derechos de propiedad intelectual.

• Los facultativos de atención primaria, médicos de familia y pediatras, adscritos al Sistema Nacional de Salud con nombramiento estatutario o funcionario, podrán, hasta el 28 de diciembre de 2025, continuar desempeñando sus funciones durante la prórroga en el servicio activo y, simultáneamente, acceder a la jubilación percibiendo el 75% del importe de la pensión por dicho concepto, siempre que cumplan los requisitos establecidos en la ley.

• De la misma manera, hasta el 28 de diciembre de 2025, los facultativos de atención primaria adscritos al sistema nacional de salud con nombramiento estatutario o funcionario que hubieran accedido a la pensión contributiva de jubilación, podrán compatibilizar la actividad con el 75% de la pensión de jubilación cuando se reincorporen al servicio activo, siempre que el hecho causante de su pensión hubiera tenido lugar a partir del 1 de enero de 2022, o se hubieren acogido en su día a la compatibilidad de la pensión de jubilación con el nombramiento como personal estatutario o funcionario de las y los profesionales sanitarios, realizado al amparo del Real Decreto-ley 8/2021, de 4 de mayo, siempre que se cumplan el resto de requisitos establecidos en la ley.  

Por otra parte, la pensión de jubilación del empresario es compatible con el mero mantenimiento de la titularidad del negocio o establecimiento mercantil, siempre que no lleve a cabo ningún trabajo.

Para una información personalizada, sería conveniente acudir a cualquiera de los Centros de Atención e Información de la Seguridad Social (CAISS).

La regla general es que el disfrute de la pensión es incompatible con la realización de trabajos por cuenta ajena/propia o con la realización de actividades para las Administraciones Públicas.

Como excepciones a dicha incompatibilidad, la pensión de jubilación será compatible con la realización de: 

• Trabajos a tiempo parcial en los términos establecidos para la modalidad de la jubilación flexible. El importe de la pensión de jubilación se reducirá en proporción inversa a la reducción aplicable a la jornada de trabajo.
• Trabajos por cuenta propia, cuyos ingresos anuales totales no superen el salario mínimo interprofesional (SMI), en cómputo anual.
• Cualquier trabajo por cuenta ajena o por cuenta propia del pensionista, siempre que se haya accedido a la pensión al menos un año después de haber cumplido la edad ordinaria (sin bonificaciones o anticipaciones de la edad) y el porcentaje aplicable a la respectiva base reguladora a efectos de determinar la cuantía de la pensión alcance el 100%. Como norma general, la cuantía de la pensión será equivalente al 50% del importe de la pensión.

En cualquier caso, el pensionista deberá comunicar a la entidad gestora que va a iniciar la actividad laboral.

• Hasta el 28 de diciembre de 2025, los facultativos de atención primaria adscritos al sistema nacional de salud con nombramiento estatutario o funcionario la posibilidad de compatibilizar la actividad con el 75% de la pensión de jubilación, cuando se reincorporen al servicio activo, siempre que el hecho causante de su pensión hubiera tenido lugar a partir del 1 de enero de 2022, o se hubieren acogido en su día a la compatibilidad de la pensión de jubilación con el nombramiento como personal estatutario o funcionario de las y los profesionales sanitarios, realizado al amparo del Real Decreto-ley 8/2021, de 4 de mayo, siempre que se cumplan el resto de requisitos establecidos en la ley.

Si celebra un contrato de trabajo a tiempo parcial, dentro de los límites de reducción legalmente establecidos en la "jubilación flexible", se le minorará la pensión de jubilación en proporción inversa a la reducción aplicable a la jornada de trabajo. La realización de jornadas inferiores al 50% o superiores al 75% supondrá la suspensión de la pensión.

En determinadas circunstancias, apartir de 17-03-2013, es posible compatibilizar la pensión de jubilación (una vez reducida al 50% de su cuantía) con un trabajo a tiempo completo o a tiempo parcial, sin limitación de la jornada de trabajo.

Puede tener derecho a dos pensiones, siempre que cumpla los requisitos exigidos por separado en cada régimen. Si no está en situación de alta o asimilada en alguno de dichos regímenes en el momento de la jubilación, será necesario que las cotizaciones acreditadas en cada uno de ellos se superpongan, al menos, durante 15 años.

En el supuesto de que no cause pensión en uno de los regímenes, las bases de cotización acreditadas en este último podrán ser acumuladas a las del régimen en que se cause derecho, exclusivamente para determinar la base reguladora, sin que la suma de las bases pueda exceder del límite máximo de cotización vigente en cada momento.

La pensión de jubilación es compatible con la titularidad de un negocio y con las funciones inherentes a dicha titularidad, por lo que es necesario delimitar las funciones inherentes a la titularidad según la normativa mercantil relativa a la actividad del empresario.

En principio, el titular del negocio puede realizar cualquier función conveniente o necesaria para la consecución de sus fines, si bien lo habitual es que utilice el concurso de otras personas, bien porque no pueda, bien porque no quiera actuar personalmente, pues la titularidad de un negocio o empresa no exige del empresario desarrollar una actividad empresarial directa y personalmente, sino que basta con que esta se realice en su nombre, es decir, de tal forma que se le atribuyen las relaciones jurídicas con terceros que se generen y todos los derechos y obligaciones que se produzcan, asumiendo el titular el riesgo y ventura del negocio.

Todo lo que suponga gestión, administración y dirección ordinaria de la empresa debe reputarse actividad incompatible con la pensión de jubilación del RETA  tanto para el empresario individual como para el empresario de hecho de una sociedad mercantil capitalista, pues dará lugar al alta en el sistema de la Seguridad Social pudiéndose citar, a título de ejemplo, la firma de contratos en general, de convenios colectivos, representación en juicios y fuera de él de la empresa, firma de avales...

• Los trabajadores autónomos que mantengan la actividad de su empresa y sigan trabajando personalmente en ella podrán beneficiarse del 100% de la pensión de jubilación, aun cuando todos los trabajadores por cuenta ajena que tienen contratados hayan visto reducida o suspendida su relación laboral por causa de un ERTE (o por cualquier otra causa recogida en el artículo 45 del TRLET), siempre y cuando la obligación de cotizar del autónomo se mantenga.
• Este mismo criterio se aplicará en el caso de que el autónomo empresario esté exonerado de la cotización en virtud del artículo 24 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19.
  

El porcentaje aplicable a la base reguladora para el cálculo de la pensión, es variable en función de los años de cotización a la Seguridad Social, aplicándose una escala que comienza con el 50% a los 15 años, aumentando a partir del decimosexto año un 0,19% por cada mes adicional de cotización, entre los meses 1 y 248, y un 0,18% los que rebasen el mes 248, sin que el porcentaje aplicable a la base reguladora supere el 100%, salvo en los casos en que se acceda a la pensión con una edad superior a la que resulte de aplicación.

Hasta el 2027, la aplicación de estos porcentajes se realiza de forma gradual y paulatina.

El porcentaje fijado en el momento del reconocimiento de la pensión de jubilación no sufre variación por el hecho de que el beneficiario alcance la edad reglamentaria de jubilación. No obstante, si al cumplimiento de la citada edad, el importe de la pensión fuese inferior a la pensión mínima establecida para la misma, se le garantizaría ésta siempre y cuando reuniese los requisitos exigidos.

A efectos de acreditar el periodo mínimo de cotización (carencia) exigido para acceder a una prestación, sólo se computan, con carácter general,  las cotizaciones efectivamente realizadas y las asimiladas por pagas extra (son los denominados días-cuota).

El tiempo de bonificación que se le concede según la edad que tuviera en 1-1-1967 no sirve para acreditar el periodo mínimo de cotización exigido, sólo se tendrá en cuenta para la determinación del porcentaje de la pensión.

La cuantía de la pensión será el resultado de aplicar el porcentaje de reducción de jornada al importe de la pensión que le correspondería, según los años cotizados en la fecha del hecho causante.

Las cotizaciones efectuadas en las actividades realizadas, durante la suspensión parcial del percibo de la pensión de jubilación, surtirán efectos para la mejora de la pensión, una vez producido el cese en el trabajo.

A estos efectos, una vez comunicado el cese en la realización de las actividades a la Entidad gestora competente, se restablecerá el percibo íntegro de la pensión de jubilación, previo recálculo de su cuantía conforme a las reglas siguientes:

• Sirven para calcular de nuevo la base reguladora, mediante el cómputo de las nuevas cotizaciones y aplicando las normas que estén vigentes en el momento del cese en la actividad. Si el resultado es una base reguladora inferior a la anterior, se mantiene la fijada anteriormente, si bien aplicando a la pensión resultante las revalorizaciones habidas desde la fecha de determinación de la base reguladora hasta el cese en el trabajo.
  
• También darán lugar a la modificación del porcentaje aplicable a la base reguladora, en función del nuevo período de cotización acreditado y surtirán efectos para disminuir o, en su caso, suprimir el coeficiente reductor que se hubiese aplicado, en el momento de causar el derecho a la pensión de jubilación anticipada por tener o no la condición de mutualista.

• Esta prestación está incluida dentro de la acción protectora del Régimen General de la Seguridad Social y de los Regímenes Especiales de Trabajadores del Mar, Trabajadores Autónomos y de la Minería del Carbón. Particularidades de los trabajadores autónomos:

Deben estar acogidos a la mejora voluntaria de la acción protectora derivada de las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales y, además, previa o simultáneamente, haber optado por la cobertura de la prestación económica por incapacidad temporal.

Deben encontrarse al corriente en el pago de cuotas.

Hay que distinguir si la incapacidad viene sobrevenida como consecuencia de un accidente (laboral o no) o enfermedad (común o profesional):

• En caso de accidente, se considerará por profesión habitual la desempeñada normalmente por el trabajador al tiempo de sufrir el accidente.
  
• En los casos de enfermedad (común o profesional), es aquella a la que el trabajador dedicaba su actividad fundamental, durante el período de 12 meses anteriores a la fecha en que se hubiese iniciado la incapacidad temporal de la que se derive la incapacidad permanente.
  
  

El porcentaje del 55% de la base reguladora puede incrementarse en un 20% más, en los casos de trabajadores mayores de 55 años, declarados en situación de incapacidad permanente total, cuando se presuma, por la edad, falta de preparación general o especializada y por las circunstancias sociales y laborales del lugar de residencia, que tienen dificultad para obtener un empleo en actividad distinta de la habitual.

En caso de trabajadores por cuenta propia, se exige como requisito adicional que el pensionista no ostente la titularidad de una explotación agraria o marítimo-pesquera o de un establecimiento mercantil o industrial como propietario, arrendatario, usufructuario u otro concepto análogo.

Cuando la incapacidad derive de accidente o enfermedad profesional, no se exige período de cotización, salvo que se trate de una incapacidad permanente absoluta o gran invalidez por accidente no laboral y el trabajador no se encontrase en situación de alta ni asimilada, en cuyo caso, se le exigirá un período genérico de cotización  de 15 años y un período específico de cotización de 3 años cotizados en los últimos 10.

Para acreditar el período mínimo de cotización exigido, tanto genérico como específico, se computarán los "días cuota" (pagas extraordinarias).

La incapacidad permanente sólo llega a existir si la constatación de las lesiones incapacitantes va acompañada del reconocimiento a percibir la prestación, reuniendo con ello los requisitos establecidos (período de cotización,...).

En consecuencia, no procederá la declaración de incapacidad permanente en ninguno de sus grados,  si el trabajador no acredita los restantes requisitos para causar derecho a la prestación económica.

Si el trabajador no ha agotado el plazo máximo de duración de la IT  (545 días), se asimilan a cotizados los días que falten para agotar dicho período, a efectos de acreditar el período mínimo de cotización.

El período de los 10 años, dentro de los cuales deba estar comprendido, al menos, una quinta parte del periodo de cotización exigible, se computará hacia atrás, desde la fecha en que cesó la obligación de cotizar.

Uno de los requisitos exigidos para tener derecho a esta pensión es no haber cumplido la edad de acceso a la jubilación, sin embargo:

• Si la pensión deriva de accidente de trabajo o enfermedad profesional, sí se puede reconocer pensión de incapacidad permanente aunque en la fecha del hecho causante el trabajador, cumplida la edad de acceso a la jubilación, reúna los demás requisitos para acceder a la pensión de jubilación del sistema de la Seguridad Social.
  
• Si la pensión deriva de accidente no laboral o enfermedad común y, en la fecha del hecho causante (extinción de la IT, emisión del dictamen del EVI o, en su caso, la solicitud) no reúne los requisitos para acceder a la pensión de jubilación del sistema, el trabajador tiene derecho a la pensión de incapacidad permanente en una cuantía equivalente al resultado de aplicar a la base reguladora el porcentaje que corresponda al período mínimo de cotización establecido en cada momento para acceder a pensión de jubilación (50%).

Sólo serán válidas, a estos efectos, las cotizaciones efectuadas con motivo de la realización de una actividad laboral y/o desempleo contributivo.

Si se formaliza un convenio especial, una vez dictada la resolución denegatoria inicial, estas cotizaciones no se pueden computar para acreditar el periodo de cotización si la situación clínica del trabajador es idéntica a la que sirvió de base a la propuesta del EVI.

A petición del gran inválido o de sus representantes legales podrá autorizarse, siempre que se considere conveniente, en beneficio del mismo, la sustitución del incremento por su alojamiento y cuidado en régimen de internado en una institución asistencial pública del sistema de la Seguridad Social, financiada con cargo a sus presupuestos (|art. 139.4 de la LGSS ).

Esta autorización correrá a cargo de la Entidad gestora o Mutua, en su caso, que hubiera tenido a su cargo la protección de la incapacidad permanente. La petición de esta sustitución podrá ser formulada, en cualquier momento,  por el gran inválido o sus representantes legales, quienes podrán decidir, en cualquier momento y con carácter vinculante para la Entidad gestora o Mutua que haya autorizado esta sustitución, que ésta quede sin efectos.

Cuando el internamiento venga referido a instituciones asistenciales, cuya gestión se encuentre transferida a una Comunidad Autónoma, no procederá la sustitución. El artículo 69 de la Ley 21/2001, da nueva redacción al artículo 86 LGSS y se produce una desvinculación de la financiación de las instituciones públicas asistenciales cuya gestión haya sido transferida a las Comunidades Autónomas, por tanto, vacía de contenido la posibilidad de sustitución.

Ambas pensiones son compatibles con el ejercicio de aquellas actividades, sean o no lucrativas, compatibles con el estado del inválido, siempre que no representen un cambio en la capacidad de trabajo del pensionista que pueda dar lugar a revisión por parte de la Entidad gestora. Si las actividades realizadas exceden las condiciones establecidas, serán incompatibles pudiendo suspenderse la pensión.

Si se realizan trabajos susceptibles de inclusión en algún Régimen de la Seguridad Social, existe obligación de alta y cotización, debiendo comunicar al Instituto Nacional de la Seguridad Social el inicio de cualquier trabajo por cuenta ajena o propia, salvo en el caso que derive de enfermedad profesional, en que será necesaria la autorización previa.

La percepción de una pensión de incapacidad permanente total es incompatible con el desempeño de un puesto de la misma categoría o grupo profesional, siendo compatible con otro tipo de actividad laboral en la misma empresa o en otra distinta.

Ahora bien, el percibo del incremento del 20% de la base reguladora de la incapacidad permanente total es incompatible con la realización de trabajos por cuenta ajena o propia, así como con las prestaciones de Seguridad Social que puedan derivarse de dichos trabajos, como son el subsidio de incapacidad temporal o de maternidad que persiste más allá de la relación laboral o la actividad profesional, o las prestaciones de desempleo que pudieran corresponder por los mismos.

La realización de cualquier trabajo por el pensionista debe ser comunicada al Instituto Nacional de la Seguridad Social, salvo en el caso que derive de enfermedad profesional, en que será necesaria la autorización previa.

En los supuestos en que estando incapacitado, el perceptor de una incapacidad permanente total pierda o se le suspenda un trabajo compatible con su situación de pensionista, tendrá derecho a percibir la prestación o subsidio por desempleo que le corresponda, además de la pensión.

• Es incompatible con la pensión de jubilación del mismo régimen, debiéndose optar por una de ellas.
  
  
• La pensión de incapacidad permanente puede ser compatible con una pensión de jubilación de otro régimen distinto, excepto que, para acreditar el derecho, o para el perfeccionamiento del mismo se tenga que acudir al régimen que reconozca la jubilación (situación de alta o asimilada, acreditación de la carencia, importe de la base reguladora), en cuyo caso, hay  que optar por una de ellas.
  
  No obstante, si las cotizaciones del régimen por el que se reconoce la jubilación sirvieron únicamente para cuantificar el importe de la incapacidad permanente, pudiendo prescindirse de ellas para generar el derecho, es posible el reconocimiento de dos pensiones compatibles entre sí, calculando cada una de ellas con las cotizaciones de cada uno de los regímenes. Para ello, sería necesario recalcular la pensión de incapacidad, sin tener en cuenta las cotizaciones del régimen que reconoce la jubilación. 
  
  
• En el caso de que se tratara de una pensión de incapacidad derivada de AT  concedida al amparo del antiguo Reglamento de Accidentes de Trabajo de 22-06-1956, sería compatible con cualquier otra pensión.
  

• Es incompatible con las prestaciones económicas establecidas para la incapacidad permanente, salvo que las lesiones, mutilaciones o deformidades sean totalmente independientes de las tomadas en consideración para declarar la incapacidad permanente y su grado.
  
  
• Es compatible con el trabajo en la misma empresa.

Con independencia de la compatibilidad o incompatibilidad que, en su caso, pueda producir el ejercicio de una actividad, sólo se requiere, en principio, la comunicación de la actividad laboral a la Entidad gestora competente.

Sin embargo, los pensionistas de incapacidad permanente derivada de enfermedad profesional, sólo podrán realizar trabajos por cuenta ajena si han obtenido, previamente, la autorización del INSS.

En los supuestos de que el solicitante resida fuera del territorio nacional,  la competencia para la calificación y revisiones corresponderá a la Dirección Provincial del INSS de la provincia en la que el causante acredite o alegue las últimas cotizaciones.

El artículo 1 del Real Decreto 1300/95 establece que será competencia del Instituto Nacional de la Seguridad Social la evaluación, calificación y revisión, cualquiera que sea la Entidad Gestora (INSS o ISM ) o colaboradora que cubra la contingencia de que se trate.

Corresponde al INSS verificar la existencia de estas lesiones y reconocer el derecho a las prestaciones correspondientes.

Las empresas, por sí mismas, sólo están legitimadas para iniciar el procedimiento si son colaboradoras en la gestión. En otro caso, solamente están legitimadas, siempre que sean responsables de las prestaciones, para instar el procedimiento de la revisión pero no el de la declaración inicial.

Las tres vías para iniciar dicho reconocimiento son: de oficio, a solicitud el propio trabajador o su representante, y la instada a solicitud de las Entidades Colaboradoras (Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales o empresa colaboradora).

Independientemente, en la vía expuesta como de oficio se contempla, entre otros supuestos, las peticiones razonadas de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social a la que la empresa podría dirigirse al efecto.

La renuncia formulada por el propio trabajador, se considera excluida del ámbito de la acción protectora de la Seguridad Social, ya que las prestaciones económicas del sistema tienen la consideración de irrenunciables.

Según el |art.  4 del R.D.  1300/1995, de 21-07, el procedimiento de la incapacidad laboral es impulsado de oficio en todos los trámites hasta su terminación.

La incapacidad puede ser revisada en todo tiempo y en tanto el incapacitado no haya cumplido la edad establecida para acceder a la pensión de jubilación (en estos momentos 65 años).

Como excepción a este principio, la Entidad Gestora podrá revisar el grado de incapacidad permanente y, por lo tanto, la prestación económica inicialmente reconocida, en el supuesto de que dicha incapacidad derive de enfermedad profesional, aunque tenga más de 65 años.

Sí, se pueden causar prestaciones de viudedad, orfandad y en favor de familiares siempre que, además de los restantes requisitos exigibles, el fallecido acredite un periodo mínimo de cotización de 15 años.

No se podrá causar Auxilio por Defunción puesto que para tener derecho a esta prestación es requisito imprescindible que el causante fallecido se halle en alta o en situación asimilada.

No pueden computarse para carencia los períodos de bonificación por trabajos penosos o por minusvalía.

Tampoco, se computarán las cotizaciones efectuadas por el SEPE, durante el percibo del subsidio para mayores de 52 años, ya que únicamente cotizan para jubilación. Sí serían computables dichas cotizaciones si el causante fallecido, durante dicha percepción, hubiera suscrito un convenio especial de cotización para cubrir el resto de las prestaciones.

Solamente tendrán validez si su ingreso es anterior al acaecimiento del hecho causante o, siendo posterior, tal ingreso se efectúa dentro del plazo reglamentario para ello o en virtud de aplazamiento o fraccionamiento concedido con anterioridad.

En los regímenes de trabajadores por cuenta ajena, los accidentes in itinere (los que sufra el trabajador al ir o volver del trabajo), se consideran accidente de trabajo.
 
En cambio, en los regímenes de trabajadores por cuenta propia (autónomos y mar cuenta propia ), los accidentes in itinere quedan excluidos del concepto de accidente de trabajo. 

El suicidio debe calificarse como accidente. Para determinar si éste es laboral o no habrá que tener en cuenta el régimen jurídico aplicable a ambas contingencias.

Los fallecimientos que tengan su causa en una concreta ingestión de sustancias tóxicas en cantidad excesiva (sobredosis) o de calidad deficiente (adulteración o mal estado), se consideran derivados de accidente no laboral. La conexión entre el fallecimiento y la ingestión de las citadas sustancias, debe quedar, en todo caso, suficientemente acreditada a través de la certificación emitida por el facultativo o médico forense, en su caso, que intervenga en cada supuesto

En los supuestos en que exista acuerdo de la Mutua denegatorio de las prestaciones, basado en que no se trata de accidente laboral, siempre que los beneficiarios hayan interpuesto demanda en solicitud de que se declare la existencia de tal contingencia, pueden reconocerse las prestaciones de muerte y supervivencia solicitadas al INSS dándoles el tratamiento de contingencias comunes, condicionando la resolución al contenido de la sentencia judicial.

Se darán por fallecidos los trabajadores desaparecidos en accidente, sea o no laboral, en circunstancias que hagan presumibles su muerte, y de los que no se haya tenido noticias durante los 90 días naturales siguientes al accidente.

En estos supuestos, se podrá causar derecho a las prestaciones de muerte y supervivencia, con excepción del subsidio de defunción, siempre que se soliciten dentro de los 180 días naturales siguientes a la fecha en que expira el plazo de los 90 días citados, tomándose como fecha del hecho causante el día del accidente.

De dejar transcurrir este plazo, será necesario que previamente se produzca la declaración del fallecimiento de acuerdo con lo dispuesto en la legislación civil, tomándose como fecha del hecho causante la que se indique en dicha declaración como de fallecimiento.

Si el causante era perceptor de incapacidad permanente absoluta o gran invalidez derivada de AT , se considerará que el fallecimiento es debido a esta contingencia.
 
Si el causante era perceptor de incapacidad permanente total  derivada de AT, deberá probarse que el fallecimiento ha sido debido a dicha contingencia. Se admitirá la prueba siempre que no haya transcurrido más de 5 años desde la fecha en que se produjo el accidente. Si el fallecimiento tiene lugar transcurrido dicho plazo, no se considerará fallecido a consecuencia de AT, aún cuando se demostrara que ha sido consecuencia del mismo.

Si el causante era perceptor de incapacidad permanente absoluta  o gran invalidez  derivada de EP , se considerará que el fallecimiento es debido a esta contingencia.

Si el causante era perceptor de incapacidad permanente total derivada de EP deberá probarse que el fallecimiento ha sido debido a dicha contingencia. Se admitirá la prueba cualquiera que sea el tiempo transcurrido hasta el fallecimiento.

Cuando el último régimen sea el de Autónomos y el hecho causante de la prestación se produzca dentro de los citados 90 días, se considerará al trabajador en situación asimilada a la de alta aun cuando deba resolver un régimen distinto, puesto que, de acuerdo con las normas de cómputo recíproco de cotizaciones, la situación formal de alta o asimilada viene siempre referida al último régimen y es apropiada por el régimen que reconoce el derecho.

Sí, siempre que éste se hubiese celebrado dos años antes del fallecimiento del causante, hubieran convivido a sus expensas y no tengan derecho a otra pensión de la Seguridad Social ni queden familiares con obligación y posibilidad de prestar alimentos según la legislación civil.

Sí. Cuando el beneficiario no hubiera llegado a devengar cantidad alguna de la pensión de orfandad antes de llegar a la edad límite para ser perceptor de la misma, por haberla solicitado en fecha posterior al cumplimiento de dicha edad, se le abonará una anualidad de la pensión incluidas las pagas extras, siempre que hubiera reunido las condiciones para ser beneficiario en la fecha del hecho causante.

Tendrán derecho a percibir el subsidio a favor de familiares, las hijas/os o hermanas/os mayores de 22 años, solteros, viudos, separados judicialmente o divorciados, que sin acreditar las condiciones para ser pensionistas reúnan los requisitos exigidos:

• Haber convivido con el causante y a sus expensas con 2 años de antelación al fallecimiento de aquél o desde la muerte del familiar con el que convivieran, si ésta hubiera ocurrido dentro de dicho período.
  
  
• No tener derecho a pensión pública.
  
  
• Carecer de medios de subsistencia, por tener ingresos económicos iguales o inferiores al salario mínimo interprofesional, y de familiares con obligación y posibilidad de prestarles alimentos.
  

Pueden ser beneficiarios de la pensión de orfandad, los hijos que, en la fecha del fallecimiento del padre y/o la madre, reunieran los requisitos exigidos y se encuentren en alguna de las siguientes situaciones:

• Hijos menores de 21 años.
  
• Hijos que tengan reducida su capacidad de trabajo en un porcentaje valorado en un grado de incapacidad permanente absoluta o gran invalidez.
  
• Hijos mayores de 21 años y menores de 25 años cuando no efectúen un trabajo lucrativo por cuenta propia o ajena o, cuando realizándolo, los ingresos que obtenga resulten inferiores en cómputo anual a la cuantía vigente para el salario mínimo interprofesional, también en cómputo anual (incluidas pagas extra).
  
• Si el huérfano estuviera cursando estudios y cumpliera los 25 años  durante el transcurso del curso escolar, la percepción de la pensión de orfandad se mantendrá hasta el día primero del mes inmediatamente posterior al de inicio del siguiente curso académico.

De acuerdo con las modificaciones introducidas a partir de 1 de Enero 2008, la persona sobreviviente de una pareja de hecho puede causar derecho a la pensión de viudedad siempre que reúna los requisitos establecidos por la Ley.

Los hijos de pensionistas de jubilación o incapacidad permanente, mayores de 45 años, solteros, viudos, separados judicialmente o divorciados, podrán ser beneficiarios de una pensión en favor de familiares cuando, acreditando dedicación prolongada al cuidado del fallecido, hayan convivido con él y a sus expensas, con una antelación de dos años a la fecha del fallecimiento.

El fallecimiento de un pensionista de jubilación o incapacidad permanente de nivel contributivo dará derecho a percibir una cuantía en concepto de auxilio por defunción a quienes hayan soportado los gastos del sepelio.

Se computan exclusivamente las cotizaciones efectuadas en función de las horas trabajadas (ordinarias y complementarias), calculando su equivalencia en días teóricos de cotización. Para ello se dividirá por 5 el número de horas efectivamente trabajadas. 
 
 Días teóricos de cotización = Número de horas (ordinarias y complementarias)/ 5

El período de 5 años en el cual deben acreditarse los 500 días de cotización se incrementará en la misma proporción en que se reduzca la jornada efectivamente trabajada respecto a la jornada habitual en la actividad correspondiente.

A partir de 1-8-2018 el porcentaje aplicable a la base reguladora de la pensión de viudedad a favor de pensionistas con 65 o más años que no perciban otra pensión pública y carezcan de ingresos, será del 56%.

Desde el 1-1-2019 el porcentaje aplicable de a la base reguladora será el 60%.

Se tendrá derecho a un porcentaje del 70% de la base reguladora, siempre que durante todo el período de percepción se cumplan, simultáneamente, los siguientes requisitos: 

• Que el pensionista tenga cargas familiares. Es decir:

• Que conviva con hijos menores de 26 años o mayores incapacitados (con un grado de discapacidad superior al 33%) o menores acogidos.

• Que los rendimientos de la unidad familiar, incluido el propio pensionista, dividido entre el número de miembros que la componen, no superen en cómputo anual el 75% del SMI  vigente en cada momento excluida la parte proporcional de las pagas extras. 

• Que la pensión de viudedad constituya la principal o única fuente de ingresos, entendiendo que se cumple este requisito cuando el importe de la pensión sea superior al 50% del total de los ingresos del pensionista.

• Que los rendimientos anuales del pensionista por todos los conceptos no superen la cuantía resultante de sumar al límite que, en cada ejercicio económico esté previsto para el reconocimiento de mínimos de las pensiones contributivas el importe anual que, en cada ejercicio económico corresponda a la pensión mínima de viudedad con cargas familiares. 

La pensión de viudedad en cómputo anual más los rendimientos anuales del pensionista no pueden exceder el límite de ingresos establecido. En caso contrario, se reducirá la cuantía de la pensión de viudedad a fin de no superar dicho límite.

La pérdida de uno de los requisitos motivará la aplicación del porcentaje del 52% con efectos del día 1 del mes siguiente a aquél en que deje de concurrir dicho requisito.

Un solo beneficiario:

• Si era el cónyuge o pareja de hecho, percibe la pensión íntegra.
• Si era un ex-cónyuge con nulidad matrimonial, solo percibe la parte proporcional al tiempo de convivencia con el causante.
• Separado o divorciado víctima de violencia de género, percibe pensión íntegra.
• Separado o divorciado con pensión compensatoria, percibe la pensión íntegra pero su importe queda limitado por la cuantía de la pensión compensatoria.
• Separado o divorciado, con anterioridad a 01-01-2008, sin pensión compensatoria (norma transitoria), solo percibe la parte proporcional al tiempo convivido con el causante

Varios beneficiarios:

• Si habiendo mediado divorcio o nulidad, se produce una concurrencia de beneficiarios con derecho a pensión, ésta se reconocerá a cada uno en cuantía proporcional a la convivencia con el causante, con las siguientes salvedades:

  • En el supuesto de beneficiarios con matrimonio declarado nulo, siempre le corresponderá la pensión en cuantía proporcional al tiempo vivido con el causante, existan o no otros beneficiarios.

  • En el supuesto de beneficiarios separados o divorciados sin pensión compensatoria siempre les corresponderá la pensión en cuantía proporcional al tiempo vivido con el causante, existan o no otros beneficiarios.

  • En caso de concurrencia de beneficiarios se garantizará, en todo caso, el 40% en favor del cónyuge superviviente o, en su caso, del que sin ser cónyuge, conviviera con el causante en el momento del fallecimiento y resultara beneficiario de la pensión de viudedad.

• Al separado legal también se le garantiza el 40% aunque no conviva con el causante en el momento del fallecimiento, pues es cónyuge supérstite.

Siempre que se haya compartido la jubilación parcial con un contrato de relevo se tendrán en cuenta las bases de cotización correspondientes al periodo trabajado a tiempo parcial, incrementadas hasta el 100% de la cuantía que le hubiera correspondido de haber trabajado a tiempo completo durante dicho periodo.

No se incrementarán cuando se trate de períodos en que no se haya simultaneado la jubilación parcial con un contrato de relevo, aun cuando dicha situación sea consecuencia del incumplimiento empresarial de mantener a un relevista.

Sí, tanto si a la muerte del causante no queda cónyuge sobreviviente como si éste fallece estando en el disfrute de la pensión, el porcentaje del 52% de la pensión de viudedad se distribuirá entre los huérfanos con derecho a pensión por partes iguales. Se equipara a inexistencia de cónyuge sobreviviente:

• La inexistencia registral de progenitor.
• El abandono del hijo declarado judicialmente.

No procede el incremento, cuando el cónyuge superviviente no genera pensión de viudedad ni cuando la prestación se extingue por contraer el beneficiario nuevas nupcias, ya que no se da la situación de orfandad absoluta.

La suma de las cuantías de todas las pensiones de viudedad y orfandad derivadas del mismo causante no podrá exceder del importe del 100% de la base reguladora que corresponda.

La limitación de la base reguladora afectará a las pensiones de orfandad cuyo hecho causante se produzca a partir de 1-1-2002.

El límite del 100% establecido con carácter general para la suma de las pensiones de viudedad y orfandad podrá ser rebasado en caso de concurrencia de varias pensiones de orfandad con una pensión de viudedad cuando el porcentaje a aplicar a la correspondiente base reguladora para el cálculo de esta última sea superior al 52 %, si bien, en ningún caso, el importe de la orfandad podrá superar el 20% ni la suma de ellas podrá superar el 48% de la base reguladora que corresponda.

El porcentaje máximo para cada huérfano es del 20% y el máximo a repartir entre las orfandades es del 48 %, tanto si a la viudedad le corresponde un 52% o como un porcentaje superior al 52% (56% o 70%).

• Se multiplicará el porcentaje aplicable a cada una de las viudedades por el tiempo de convivencia (52% o 70%  por el tiempo de convivencia).
  
• Se sumarán los porcentajes que resulten.
  
• La diferencia entre los porcentajes que resulten y el 100% se prorrateará entre los huérfanos.

Cuando fallezca el titular de la pensión de viudedad, ésta acrecerá en partes iguales entre los huérfanos. Si no hubiera huérfanos y sí perceptores de favor de familiares, acrecerá el derecho de éstos a partes iguales por este orden:

• Nietos y hermanos del causante.
• Ascendientes e hijos y hermanos del pensionista de jubilación o incapacidad permanente.
  

La cuantía se obtiene aplicando el porcentaje del 20 % a la base reguladora (calculada de igual forma que la viudedad). Se abona durante 12 meses y dos pagas extraordinarias.

Sí, con un límite: si existen varios beneficiarios, la suma de las cuantías de las prestaciones de muerte y supervivencia no puede exceder del 100% de la base reguladora que corresponda. Esta limitación se aplica a la determinación inicial de las citadas cuantías, pero no afecta a las revalorizaciones periódicas que procedan en lo sucesivo.

Las pensiones de orfandad tienen preferencia sobre las pensiones en favor de otros familiares. No obstante, esta limitación no impedirá el reconocimiento del subsidio temporal en favor de familiares, ya que éste no se ve afectado por el citado límite.

Sí, pero el incremento con el porcentaje correspondiente a la viudedad sólo podrá aplicarse a las pensiones originadas por uno de los causantes. El máximo de pensión, por cada uno de ellos (padre/ madre), es el 100% de la base reguladora.

Es compatible con el trabajo del huérfano menor de 21 años o mayor de edad que tenga reducida su capacidad de trabajo en un porcentaje valorado en grado de incapacidad permanente absoluta o gran invalidez.
 
Si se trata de huérfanos mayores de 21 años y menores de 25 años no incapacitados, la pensión de orfandad será compatible con un trabajo lucrativo por cuenta propia o ajena siempre y cuando los ingresos que obtenga no superen, en cómputo anual, el 100% del SMI también en cómputo anual, incluidas las dos pagas extraordinarias.
 
Si el huérfano presenta una discapacidad en un grado igual o superior al 33%, podrá ser beneficiario hasta los 25 años, siempre que no efectúe un trabajo o cuando, realizándolo, los ingresos resulten inferiores en cómputo anual a la cuantía vigente del SMI.

Si durante el año natural se alternan periodos de trabajo y de inactividad, el derecho se mantendrá en tanto no se supere el límite establecido. 

Se podrá mantener el derecho de la pensión de viudedad, aunque el pensionista contraiga nuevo matrimonio, siempre que se acrediten los siguientes requisitos:

• Ser mayor de 61 años o menor y tener reconocida también una pensión de incapacidad permanente absoluta o gran invalidez o acreditar una minusvalía en grado superior al 65%.
  
  
• La pensión de viudedad debe constituir la principal o única fuente de ingresos del pensionista. Se entiende que constituye la principal fuente de ingresos, cuando el importe de la misma represente, como mínimo, el 75% del total de ingresos de aquel en cómputo anual.
  
  
• Tener el matrimonio unos ingresos anuales, de cualquier naturaleza, incluida la pensión de viudedad, que no superen 2 veces el importe, en cómputo anual, del SMI  vigente en cada momento.

• En el caso de pensión de los nietos y hermanos, por las mismas causas que la orfandad.
  
  
• Si se trata de ascendientes, hijas/os y hermanas/os mayores de 45 años:
  
  • Al contraer matrimonio.
    
  • Fallecimiento.
    
  • Por comprobarse que no falleció el trabajador desaparecido en accidente.