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Resolución de 6 de octubre de 1992 de la Dirección General de Ordenación Jurídica y Entidades Colaboradoras de la Seguridad Social, sobre cuestiones relativas al abono del subsidio de Incapacidad laboral transitoria (Incapacidad temporal) entre los días cuarto y decimoquinto de baja en el trabajo.


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Resolución de 6-10-1992 de la Dir. Gral. de Ord. Jurídica de EE. CC. de la Seg. Social, sobre cuestiones relativas al abono deI subsidio de lncapacidad laboral transitoria (Incapacidad temporal) entre los días cuarto y decimoquinto de baja en el trabajo.Abrir el documento: Resolución de 6-10-1992 de la Dir. Gral. de Ord. Jurídica de EE. CC. de la Seg. Social, sobre cuestiones relativas al abono deI subsidio de lncapacidad laboral transitoria (Incapacidad temporal) entre los días cuarto y decimoquinto de baja en el trabajo.PDF45 Kb14/03/2011

* NOTA: todas las referencias que aparecen al artículo 129.1 de la Ley General de la Seguridad Social deben entenderse realizadas actualmente al artículo 131.1 de la Ley General de la Seguridad Social de 20 de junio de 1994.

Última actualización: 20 de mayo de 2008

El Real Decreto-ley 5/1992, de 21 de julio, de Medidas Presupuestarias Urgentes, procede en su artículo 6.1 a modificar el número 1 del artículo 129 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social. En virtud de dicha modificación, en los supuestos de enfermedad común o de accidente no laboral, el abono del correspondiente subsidio por incapacidad laboral transitoria, entre los días cuarto y decimoquinto, ambos inclusive, de baja en el trabajo, se atribuye a cargo del respectivo empresario. A partir del decimosexto día de baja, y aún cuando la materialidad del pago de dicho subsidio se continúe llevando a cabo en concepto de pago delegado por el mismo empresario, la responsabilidad del abono de la repetida prestación incumbe a la correspondiente Entidad Gestora de la Seguridad Social.

Del tenor literal del aludido precepto parece desprenderse que, en esa fase inicial de la incapacidad laboral transitoria, sólo el empresario figura como responsable de la expresada obligación. Es evidente, no obstante, que en ciertos supuestos, como consecuencia de la extinción de una previa relación laboral, no existe la figura del empresario en quien hacer recaer la repetida responsabilidad, por lo que en la práctica se pueden originar dudas sobre quién ha de hacer efectiva la prestación correspondiente, dudas que es preciso resolver por el recurso a los adecuados criterios de interpretación.

El supuesto señalado viene constituido por la situación del trabajador que, hallándose en situación de incapacidad laboral transitoria y habiendo comenzado a percibir de su empresario el correspondiente subsidio, ve extinguida, por cualquier causa, su relación laboral antes de llegar al decimosexto día de baja. A partir de dicha extinción, dada la consecuente desaparición automática de la figura del empresario, no es posible que se continúe con el pago de la prestación por quien hasta ese momento había venido obligado legalmente.

Como principal premisa, resulta incuestionable considerar que la reforma introducida por el referido Real Decreto-ley 5/1992 pretende únicamente modificar, y en el sentido señalado, la regulación precedente relativa al sujeto en cada caso responsable directo del abono de la prestación por incapacidad laboral transitoria, sin alterar en nada ningún otro aspecto referente a esta misma prestación y, menos aún, la intensidad o extensión del ámbito objetivo de cobertura del Régimen General de la Seguridad Social.

Así parece desprenderse del espíritu del legislador (“cambio que no implica una modificación del nivel de protección de los trabajadores” se valora al respecto en la Exposición de motivos del repetido Real Decreto-ley) y de la propia técnica legislativa seguida, ya que de haberse pretendido otra finalidad en el sentido apuntado se hubiera hecho indispensable la modificación de otros artículos legales.

Por ello en la situación citada y ante la inexistencia de empresario, no cabe otra opción que interpretar que ha de ser la correspondiente Entidad gestora de la Seguridad Social (la que en todo caso sería la obligada si la situación de incapacidad se prorrogara más de quince días) la responsable directa del pago del respectivo subsidio, desde la fecha misma en que se produzca la extinción del contrato de trabajo. No cabe otra posible interpretación, habida cuenta el intangible derecho del beneficiario a continuar en la percepción de la prestación, la naturaleza incuestionable de prestación del sistema de la Seguridad Social que la misma posee y la responsabilidad, que en orden a las prestaciones causadas en dicho sistema, la Ley General de la Seguridad Social (artículos 23.1 y 96.1) atribuye genéricamente a las Entidades Gestoras.

Finalmente, se hace también preciso aclarar el efecto que la modificación legal aludida comporta para ciertas situaciones en las que, aún existiendo empresario, la normativa precedente atribuía a la correspondiente Entidad Gestora el pago directo del subsidio por incapacidad laboral transitoria, exonerando a los empresarios de la genérica obligación de pago delegado. Tales eran los supuestos de las empresas que emplearan menos de diez trabajadores, que contempla el número 2 del artículo 16 de la Orden de 25 de noviembre de 1966, determinados supuestos de pago directo en el Régimen Especial del Mar, o las empresas en las que prestaran servicios representantes de comercio, artistas y profesionales taurinos, a tenor de lo previsto en el artículo 14.1 de la Orden de 20 de julio de 1987.

A este respecto, parece claro que hay que interpretar que las expresadas normas, establecidas en un contexto ahora modificado, han de considerarse inaplicables en el futuro, extendiendo a todas las aludidas situaciones el principio de obligación empresarial establecido genéricamente en el actual artículo 129.1 de la Ley General de la Seguridad Social.

En virtud de todo lo expuesto, esta Dirección General de Ordenación Jurídica y entidades Colaboradoras de la Seguridad Social, en uso de las facultades atribuidas por el artículo 15 del Real Decreto 530/1985, de 8 de abril, resuelve:

Primero.- 1. En aquellos supuestos en que hallándose el trabajador en situación de incapacidad laboral transitoria derivada de enfermedad común o accidente no laboral viera aquél extinguida, por cualquier causa, su relación laboral, sin que en dicho momento se hubiera cumplido todavía el decimosexto día de baja, la obligación del abono de dicha prestación, a partir de la fecha de aquella extinción y una vez superado en todo caso el periodo de espera de los tres primeros días de incapacidad, recaerá de modo directo sobre la Entidad Gestora correspondiente.

2. Lo dispuesto en el número anterior de este apartado será también de aplicación a los trabajadores fijos discontinuos que estén en situación de incapacidad laboral transitoria, derivada de enfermedad común y accidente no laboral, y respecto de los cuales, antes de haberse cumplido el decimosexto día de baja, se hubiese extinguido o suspendido su contrato, por haber finalizado o haberse interrumpido la actividad intermitente o de temporada de la empresa.

Segundo.- La obligación empresarial del pago del subsidio de incapacidad laboral transitoria, en los términos previstos en el vigente artículo 129.1 de la Ley General de seguridad Social, será también extensible a aquellas empresas que hasta la entrada en vigor del Real Decreto-ley 5/1992, de 21 de julio, venían facultadas para obtener la exoneración de la obligación del pago delegado de este mismo subsidio, bien, en general, por razón del número reducido de trabajadores a su servicio, bien, en particular, con relación a los representantes de comercio, artistas o profesionales taurinos que tuvieran contratados, así como en aquellos supuestos de pago directo de la prestación respecto a los trabajadores incluidos en los grupos Segundo y Tercero del Régimen Especial de los Trabajadores del Mar. En los expresados supuestos, el pago directo a cargo de la correspondiente Entidad Gestora, durante el periodo comprendido entre los días 4.º al 15.º ambos inclusive, de baja, sólo procederá en las específicas circunstancias a que se refiere el apartado Primero de la presente Resolución.

Tercero.- Lo previsto en la presente Resolución se aplicará a los procesos por incapacidad laboral transitoria, derivada de enfermedad común o accidente no laboral, iniciados a partir del día 23 de julio de 1992, fecha de entrada en vigor del Real Decreto-ley 5/1992, de 21 de julio, de Medidas Presupuestarias Urgentes.





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