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Orden de 31 de julio de 1972 por la que se dictan normas de aplicación y desarrollo del Decreto 1646/1972, de 23 de junio, en materia de prestaciones del Régimen General de la Seguridad Social.


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Orden de 31 de julio de 1972 por la que se dictan normas de aplicacion y desarrollo del Decreto 1646/1972, de 23 de junio, en materia de prestaciones del Regimen General de la Seguridad Social.Abrir el documento: Orden de 31 de julio de 1972 por la que se dictan normas de aplicacion y desarrollo del Decreto 1646/1972, de 23 de junio, en materia de prestaciones del Regimen General de la Seguridad Social.PDF63 Kb23/03/2016

(BOE núm. 192, de 11 de agosto de 1972)

Última actualización: 23 de marzo de 2016

La disposición final segunda del Decreto 1646/1972, de 23 de junio, para la aplicación de la Ley 24/1972, de 21 de junio, en materia de prestaciones del Régimen General de la Seguridad Social, prevé que por el Ministerio de Trabajo se dictarán las disposiciones necesarias para su aplicación y desarrollo inmediatos.

* NOTA: la denominación actual del Ministerio de Trabajo es Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Véase el Real Decreto 1823/2011, de 21 de diciembre, por el que se reestructuran los departamentos ministeriales.

En su virtud, a propuesta de la Dirección General de la Seguridad Social, este Ministerio ha dispuesto lo siguiente:

Artículos 1 a 4.

* NOTA: los cuatro primeros artículos, que se referían al desempleo, se encuentran derogados o sin efecto. Véase, en esta materia, el Título III de la actual Ley General de la Seguridad Social.

Artículo 5.

1. En caso de incapacidad permanente total, la prestación consistente en la pensión vitalicia podrá excepcionalmente ser sustituida por una indemnización a tanto alzado cuando el beneficiario fuese menor de sesenta años, de acuerdo con las siguientes normas:

1ª.La cuantía de la indemnización será equivalente al importe de ochenta y cuatro mensualidades de la pensión, siempre que el beneficiario tuviese menos de cincuenta y cuatro años de edad en el momento de formular la petición.

En caso de que el beneficiario no fuese menor de la indicada edad, la cuantía de la indemnización se determinará de acuerdo con su edad en el momento antes señalado, conforme a la siguiente escala:

2ª.La petición deberá formularse por el beneficiario dentro de los tres años siguientes a la fecha de la resolución o sentencia firme que le reconociera el derecho a la pensión, o si fuese menor de veintiún años de edad en dicha fecha, dentro de los tres años siguientes al día en que cumpla tal edad.

3ª.Para que pueda accederse a la sustitución será necesario que en el momento de la petición concurran las siguientes circunstancias:

a) Que se presuma que las lesiones determinantes de la incapacidad no sean susceptibles de modificación que pueda dar lugar en lo sucesivo a una revisión de la incapacidad declarada.

b) Que se acredite por el beneficiario que se encuentra realizando trabajos por cuenta ajena o propia, incluidos en el campo de aplicación de alguno de los regímenes que integran el sistema de la Seguridad Social, o, en otro caso, que el importe de la indemnización se invertirá en la preparación o desarrollo de nuevas fuentes de ingreso como trabajador autónomo.

c) Que en el último supuesto previsto en la condición anterior se acredite tener aptitud suficiente para el ejercicio de la actividad de que se trate.

4ª.La solicitud de sustitución, dirigida a la Dirección General del Instituto Nacional de la Seguridad Social, se presentará ante la respectiva Dirección Provincial de dicho Instituto o Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social a cuyo cargo hubiera sido reconocida la pensión, la que, con su razonado informe, elevará la solicitud. La Dirección General del Instituto Nacional de la Seguridad Social, previos los informes que estime pertinentes, resolverá; contra dicha Resolución cabrán los recursos establecidos en la legislación vigente.

* NOTA: esta norma cuarta del apartado 1 fue redactada de nuevo por la Orden de 28 de agosto de 1982, por la que se atribuye al INSS la resolución de solicitudes de indemnización a tanto alzado por incapacidad permanente total.

De conformidad con lo establecido en la disposición adicional primera de la Ley 35/2014, de 26 de diciembre, “las referencias a las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social, se entenderán hechas a las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social”.

5ª. Una vez autorizada la sustitución no podrá el beneficiario solicitar que se deje sin efecto la misma para recuperar la condición de pensionista, sin perjuicio de lo que se dispone en el número siguiente.

2. En los casos en que se autorice la sustitución regulada en el número anterior, el beneficiario, al cumplir la edad de sesenta años, pasará a percibir la pensión anteriormente reconocida, revalorizada con los incrementos que para las pensiones de igual naturaleza se hayan establecido desde la fecha en que se autorizó la sustitución de la misma por la indemnización.

3. En todo caso, la sustitución de la pensión no procederá en los supuestos en que la declaración de la incapacidad permanente se haya efectuado como consecuencia del transcurso del plazo máximo de duración señalado para la invalidez provisional, sin perjuicio de que al producirse el alta médica y la subsiguiente revisión, prevista en el número 3 del artículo 11 del Decreto 1646/ 1972, de 23 de junio, pueda ejercitarse el derecho a la opción regulada en el presente artículo.

* NOTA: la situación de invalidez provisional y consiguiente subsidio quedaron suprimidos por la Ley 42/1994, de 30 de diciembre.

Artículo 6.

En el caso de que, antes de cumplir los sesenta años de edad, se produzca el fallecimiento de un beneficiario, cuya pensión haya sido sustituida por la indemnización a que se refiere el artículo precedente, podrán causarse las prestaciones de muerte y supervivencia como si dicho beneficiario hubiera sido pensionista en tal momento.

Artículo 7.

1. Los trabajadores que hubieran desaparecido con ocasión de un accidente, sea o no de trabajo, en circunstancias que hagan presumible su muerte y sin que se haya tenido noticias suyas durante los noventa días naturales siguientes al del accidente, podrán causar las prestaciones por muerte y supervivencia, excepción hecha del auxilio por defunción, de acuerdo con las siguientes normas:

1ª. Las prestaciones se reconocerán por la Mutualidad Laboral o Mutua competente, atendida la contingencia determinante de la desaparición, previo informe de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y de los demás que se estimen pertinentes.

* NOTA: con la integración de las Mutualidades laborales en el INSS, en virtud de la reforma de la Organización gestora de 1978, la referencia debe entenderse hecha a dicha Entidad.

2ª. El reconocimiento del derecho a las prestaciones mediante el procedimiento regulado en el presente artículo deberá solicitarse dentro de los ciento ochenta días naturales siguientes a la expiración del plazo de noventa días, señalado en el párrafo primero de este número.

3ª. Los efectos económicos de las prestaciones de muerte y supervivencia que se reconozcan conforme al procedimiento señalado en las normas anteriores se retrotraerán a la fecha del accidente.

4ª. La competencia para conocer de los posibles recargos por falta de medidas de seguridad e higiene corresponderá a las Comisiones Técnicas Calificadoras.

* NOTA: las Comisiones Técnicas Calificadoras quedaron extinguidas a partir de la reforma de la Organización gestora en 1978. La competencia que se indica está, actualmente, atribuida al INSS, en virtud de lo establecido en el artículo 1.1.e) del Real Decreto 1300/1995, de 21 de julio.

5ª. Si se comprobase, con posterioridad, la muerte del causante o se declarase su fallecimiento, se entenderán convalidadas las prestaciones reconocidas. Si, por el contrario, se comprobase que el trabajador no falleció en el accidente, tal hecho sólo dará lugar a la extinción de las prestaciones reconocidas a partir del momento en que se produzca la indicada comprobación, salvo que hubiera mediado dolo o fraude por parte del trabajador o de los beneficiarios de las prestaciones, en cuyo caso procederá el reintegro de las mismas, conforme a las normas establecidas en el artículo 56 de la Ley de la Seguridad Social [entiéndase, artículo 55 de la LGSS 2015] y sin perjuicio de las responsabilidades de índole penal a que pudiera haber lugar.

2. Una vez transcurrido el plazo de ciento ochenta días a que se refiere la norma segunda del número anterior, será necesario, a efectos de reconocimiento de prestaciones por muerte y supervivencia, la previa declaración del fallecimiento del trabajador, de acuerdo con lo dispuesto en la legislación civil.

* NOTA: en relación con la declaración de fallecimiento, véanse los artículos 193 y siguientes del Código Civil.

Artículo 8.

* NOTA: este artículo debe entenderse derogado por la normativa posterior hoy vigente.

A los trabajadores que hubieran sido declarados en situación de incapacidad permanente en el grado de incapacidad total para la profesión habitual y a quienes por no haber cumplido los cuarenta y cinco años de edad en el momento del alta médica se les hubiese reconocido una cantidad a tanto alzado, en caso de accidente de trabajo o enfermedad profesional, o no hubieran tenido derecho a prestación económica alguna, en caso de enfermedad común o accidente no laboral, les serán de aplicación las siguientes normas:

1ª.Acreditada su necesidad, se les podrá prestar la asistencia sanitaria, para sí y para sus familiares beneficiarios, para un proceso concreto o por tiempo determinado. Esta asistencia se reconocerá y dispensará por el Instituto Nacional de Previsión con aplicación de las normas reguladoras de la asistencia social.

2ª.Acreditada su necesidad, se les podrá conceder ayuda económica, por una sola vez o con carácter periódico, por la Mutualidad Laboral correspondiente a la actividad del beneficiario en el momento de producirse el hecho causante de la invalidez permanente. Las ayudas se ajustarán a las normas establecidas para las mismas en la regulación de la asistencia social, y su cuantía, en caso de tener carácter periódico, no podrá exceder de la que hubiera tenido la pensión por su incapacidad, que le hubiera correspondido en el supuesto de haber tenido derecho a ella, incrementada, en su caso, con el importe de las consiguientes asignaciones de protección a la familia de pago periódico.

3ª. Tanto los servicios sanitarios como las ayudas económicas, no podrán comprometer recursos del ejercicio económico siguiente a aquél en el que tenga lugar su concesión.

Dentro de cada ejercicio económico, la concesión de los servicios y ayudas indicados podrán ser reconocidos, aunque se hubiera agotado el correspondiente fondo de asistencia social, a cuyo efecto la Delegación General del Instituto Nacional de Previsión y la del Servicio de Mutualidades Laborales podrán autorizar los anticipos de tesorería que se estimen necesarios.

4ª. El costo de la asistencia sanitaria correrá a cargo del fondo de asistencia social del Instituto Nacional de Previsión, mediante una cuenta específica dentro del mismo.

El importe de las ayudas económicas se imputará, mediante cuenta específica, al fondo previsto en el apartado a) del artículo 9 de la Orden de 21 de abril de 1967.

5ª. La Dirección General de la Seguridad Social determinará anualmente la participación de las Mutuas Patronales en el coste de los servicios y ayudas que se regulan en las normas anteriores.

Artículo 9.

Los trabajadores a los que se reconozcan auxilios económicos de carácter periódico, conforme a lo previsto en el artículo 22 del Decreto 1646/ 1972, de 23 de junio, se les considerará en situación asimilada a la de alta, a efectos de que puedan causar las prestaciones de invalidez permanente, jubilación y muerte y supervivencia, en las condiciones que se determinen por la Dirección General de la Seguridad Social.

* NOTA: actualmente, en el cuadro de la acción protectora establecido en el artículo 42 de la LGSS, no figuran “auxilios económicos de carácter periódico” dentro de la asistencia social. Por ello, tanto este artículo como el 22 del Decreto 1646/1972, deben entenderse derogados.

Artículo 10.

En caso de separación de hecho, las esposas e hijos de trabajadores afiliados y en situación de alta en el Régimen General de la Seguridad Social, podrán beneficiarse de la prestación de asistencia sanitaria y social, de acuerdo con las siguientes normas:

1ª.La asistencia sanitaria se prestará por el Instituto Nacional de Previsión, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2º del Decreto 2766/1967, de 16 de noviembre.

* NOTA: el Real Decreto-Ley 36/1978, de 16 de noviembre, sobre gestión institucional de la Seguridad Social, la salud y el empleo, extinguió el Instituto Nacional de Previsión.

El artículo 2º del Decreto 2766/1967 ha sido derogado por la disposición derogatoria única.a) del Real Decreto 1192/2012, de 3 de agosto.

2ª.Por la Mutualidad Laboral correspondiente a la actividad del marido, podrán concederse ayudas económicas en concepto de asistencia social, con el alcance y condiciones generales establecidas para las mismas.

* NOTA: esta norma 2ª debe entenderse sin efecto.


Disposiciones finales

Primera.

Lo dispuesto en la presente Orden entrará en vigor el día de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado» y surtirá efectos económicos desde el día 1 de julio de 1972.

Segunda.

Se faculta a la Dirección General de la Seguridad Social para resolver las cuestiones que puedan presentarse en la aplicación de lo dispuesto en esta Orden.


Disposiciones transitorias.

* NOTA: las dos disposiciones transitorias, referidas a incapacidad laboral transitoria y a desempleo, han quedado sin efecto por haberse superado el periodo transitorio.




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