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Orden de 25 de noviembre de 1966, por la que se regula la colaboración de las empresas en la gestión del Régimen General de la Seguridad Social.


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Última actualización: 24/11/2016

CAPÍTULO I Disposiciones generales

Artículo 1.- Enumeración y caracteres

1. Las empresas, individualmente consideradas y en relación con su propio personal, podrán colaborar en la gestión de la Seguridad Social exclusivamente en alguna o algunas de las formas establecidas en el artículo 77 de la Ley General de la Seguridad Social de 20 de junio de 1994. [ entiéndase artículo 102 LGSS 2015 ]

* NOTA: apartado redactado conforme al artículo 1.Uno de la Orden de 20 de abril de 1998.

2. Las formas de colaboración a que se refiere el número anterior podrán tener carácter voluntario u obligatorio para las Empresas.


Artículo 2.- Formas de colaboración voluntaria

1. Tendrán carácter voluntario las formas de colaboración previstas, respectivamente, en los epígrafes a), b) y d) del apartado 1 del artículo 77 de la Ley General de la Seguridad Social [entiéndase art. 102 LGSS 2015], relativas a las siguientes contingencias:

a) Accidente de trabajo y enfermedad profesional, y

b) Enfermedad común y accidente no laboral.

* NOTA: este apartado 1 ha sido redactado conforme al artículo 1.Dos de la Orden de 20 de abril de 1998.

2. Podrán ejercer las indicadas formas de colaboración voluntaria las Empresas que reuniendo las condiciones que para cada una de aquéllas se establecen en el capítulo siguiente obtengan la oportuna autorización.


Artículo 3.- Formas de colaboración obligatoria

1. Tendrán carácter obligatorio las formas de colaboración previstas en el apartado c) del número 1 del artículo 208 de la Ley de la Seguridad Social [entiéndase art. 102 LGSS 2015] y consistentes en el pago por delegación de las prestaciones económicas correspondientes a las siguientes situaciones y contingencias:

a) incapacidad temporal, protección a la familia y desempleo.

b) Las demás que en su caso puedan determinarse reglamentariamente.

2. Las indicadas formas de colaboración serán obligatorias para todas las Empresas cualquiera que sea el número de trabajadores empleados, si bien su alcance podrá reducirse en los supuestos y términos que se regulan en el capítulo III.


SECCIÓN 1ª. COLABORACIÓN RESPECTO A LAS CONTINGENCIAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDAD PROFESIONAL

Artículo 4.- Condiciones de las empresas

1. Podrán ser autorizadas para acogerse a la forma de colaboración establecida en el apartado a) del número 1 del artículo 208 de la Ley de Seguridad Social [entiéndase art. 102.1.a) LGSS 2015] las Empresas que reúnan las condiciones siguientes:

a) Tener más de 250 trabajadores fijos afiliados y en alta en el Régimen General de la Seguridad Social.

* NOTA: a partir de la entrada en vigor de la Orden de 16 de enero de 1992, la cifra de 500 trabajadores quedó sustituida por la de 250. (Disposición adicional decimosexta.1 de dicha Orden).

b) Poseer instalaciones sanitarias propias que sean suficientemente eficaces por reunir la amplitud y nivel adecuados para prestar la asistencia sanitaria que corresponda a la incapacidad temporal derivada de las contingencias de accidente de trabajo y enfermedad profesional, exceptuada en su caso la hospitalización quirúrgica.

c) Observar un correcto cumplimiento de las obligaciones derivadas de la legislación social.

2. No obstante lo dispuesto en el apartado a) del número anterior, también podrán ser autorizadas las Empresas que teniendo a su servicio más de 100 trabajadores fijos y en alta posean los Centros a que se refiere el apartado b) del indicado número, por tener la Empresa la finalidad, exclusiva o no, de prestar asistencia sanitaria.


Artículo 5.- Obligaciones

* NOTA: la Orden de 20 de abril de 1998 -artículo 1.Tres- ha dado nueva redacción al párrafo primero y a la letra b) y ha añadido las letras c), d) y e) de este artículo.

Las empresas que se acojan a esta forma de colaboración tendrán las obligaciones siguientes:

a) Prestar a su cargo la asistencia sanitaria que corresponda a la situación de incapacidad temporal derivada de accidente de trabajo y enfermedad profesional.

b) Pagar directamente y a su cargo la prestación económica por la incapacidad a que se refiere el apartado anterior, sin que puedan ceder, transmitir o asegurar la gestión de cobertura de la prestación con otra persona o entidad, cualesquiera que sean la naturaleza de éstas y la modalidad o título utilizado.

c) Destinar los posibles excedentes económicos resultantes de la colaboración a la constitución de una reserva denominada "de estabilización", que se dotará hasta alcanzar la cuantía equivalente al 15 por 100 de las cotizaciones afectadas a la colaboración obtenidas durante el ejercicio, cuya finalidad exclusiva será atender los posibles resultados negativos futuros que pudieran derivarse del ejercicio de la colaboración.

d) Dar cuenta a los representantes legales de los trabajadores, semestralmente al menos, de la aplicación de las cantidades deducidas de la cuota de Seguridad Social para el ejercicio de la colaboración conforme a lo previsto en el artículo siguiente.

e) Llevar en su contabilidad una cuenta que recoja todas las operaciones relativas a la colaboración.


Artículo 6.- Derechos

* NOTA: redactado por el artículo 1º de la Orden de 24 de abril de 1980.

Los empresarios que se acojan a esta forma de colaboración retendrán, al efectuar la cotización, la parte de cuota correspondiente a las prestaciones sanitarias y económicas detalladas en el artículo anterior, si bien ingresarán en concepto de aportación al sostenimiento de los servicios comunes y sociales de la Seguridad Social y de contribución a los demás gastos generales y a la satisfacción de las exigencias de la solidaridad nacional, la cantidad que resulte de aplicar el coeficiente que para cada año fije el Ministerio de Trabajo e Inmigración sobre la parte de cuota correspondiente a incapacidad permanente y muerte y supervivencia, habida cuenta de la relación media general existente entre los porcentajes establecidos en las tarifas que se encuentren en vigor para estas situaciones y para la restante acción protectora por accidente de trabajo y enfermedad profesional.

* NOTA: entiéndase actualmente Ministerio de Empleo y Seguridad Social, según lo dispuesto en el Real Decreto 1823/2011, de 21 de diciembre, por el que se reestructuran los departamentos ministeriales, y posteriormente Real Decreto 415/2016, de 3 de noviembre.


SECCIÓN 2ª. COLABORACIÓN RESPECTO A LAS CONTINGENCIAS DE ENFERMEDAD COMÚN Y ACCIDENTE NO LABORAL

Artículo 7.- Condiciones de las Empresas

1. Podrán ser autorizadas para acogerse a la forma de la colaboración establecida en el apartado b) del número 1 del artículo 208 de la Ley de la Seguridad Social [entiéndase art. 102.1.b) LGSS 2015] las Empresas que reúnan las siguientes condiciones:

a) Tener a su servicio más de 250 trabajadores fijos que sean titulares del derecho a la asistencia sanitaria en el Régimen General de la Seguridad Social, o más de 100 titulares del referido derecho en el supuesto y en los términos establecidos en el número 2 del artículo 4.

* NOTA: a partir de la entrada en vigor de la Orden de 16 de enero de 1992, la cifra de 500 trabajadores quedó sustituida por la de 250. (Disposición adicional decimosexta.1 de dicha Orden).

b) Poseer instalaciones sanitarias propias suficientemente eficaces por reunir la amplitud y nivel adecuados para prestar la asistencia sanitaria por enfermedad común y accidente no laboral, exceptuada en su caso la hospitalización quirúrgica.

c) Llevar a cabo en todo caso dicha asistencia por personal sanitario que preste servicios a la Seguridad Social; la designación de este personal se efectuará en cada caso a propuesta de la Empresa de que se trate con la preceptiva intervención del Jurado de la misma y respetando siempre el derecho individual de elección de facultativos que se establece en el artículo 112 de la Ley de la Seguridad Social. Por excepción, cuando se trate de Empresas que tuvieran por finalidad exclusiva o no prestar asistencia sanitaria, podrán ser autorizadas previos los informes procedentes y en las condiciones que se determinen para que su propio personal sanitario intervenga en la asistencia de sus trabajadores y familiares beneficiarios.

* NOTA: según lo dispuesto en el artículo 2 de la Orden de 20 de abril de 1998, las referencias a los Jurados de Empresa se entenderán hechas a los representantes legales de los trabajadores.

La cita al artículo 112 de la Ley de la Seguridad Social se refiere al artículo 112 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social del año 1974 (Decreto 2065/1974, de 30 de mayo). Dicho artículo no ha sido derogado por el texto refundido de 1994, ni por el de 2015.

d) ...

* NOTA: letra suprimida por la Disposición Adicional Decimosexta.2 de la Orden de 16 de enero de 1992.

e) Observar un correcto cumplimiento de las obligaciones derivadas de la legislación social.

2. Aquellas Empresas que no dispongan de instalaciones sanitarias propias suficientes para dispensar directamente la asistencia sanitaria a la totalidad de sus trabajadores, pero sí las posea para atender adecuadamente a una parte de su colectivo, podrán, excepcionalmente, ser autorizadas para acogerse a la colaboración a que se refiere el presente artículo respecto de dicha parte del colectivo. El resto de los trabajadores de la Empresa quedará excluido de la colaboración y comprendido a todos los efectos, en la acción protectora del Régimen general de la Seguridad Social.

* NOTA: este apartado 2 ha sido redactado conforme a lo dispuesto en el artículo 2º de la Orden de 24 de abril de 1980.


Artículo 8.- Obligaciones

Las Empresas que se acojan a esta forma de colaboración tendrán las obligaciones siguientes:

a) Prestar a su cargo la asistencia sanitaria a sus trabajadores y familiares beneficiarios por enfermedad común y accidente no laboral.

b) Pagar directamente y a su cargo la prestación económica debida a sus trabajadores por incapacidad temporal derivada de las aludidas contingencias, sin que puedan ceder, transmitir o asegurar la gestión de cobertura de la prestación con otra persona o entidad, cualesquiera que sean la naturaleza de éstas y la modalidad o título utilizado.

c) Destinar los posibles excedentes económicos resultantes de la colaboración a la constitución de una reserva denominada "de estabilización", que se dotará hasta alcanzar la cuantía equivalente al 25 por 100 de las compensaciones obtenidas por el ejercicio de la colaboración durante el ejercicio, cuya finalidad exclusiva será atender los posibles resultados negativos futuros que pudieran derivarse del ejercicio de la colaboración. Una vez cubierta la mencionada reserva, el resto de los excedentes que, en su caso, se hubieran generado se aplicarán a la mejora de las prestaciones objeto de la colaboración que se satisfagan en el ejercicio siguiente, y en su caso, sucesivos a aquel en el que se generaron los mismos.

* NOTA: las letras b) y c) han sido redactadas conforme al artículo 1.Cuatro de la Orden de 20 de abril de 1998.

d) Dar cuenta al Jurado de Empresa, semestralmente al menos, de la aplicación de las cantidades percibidas para el ejercicio de la colaboración conforme a lo previsto en el artículo siguiente.

e) Llevar en su contabilidad una cuenta que recoja todas las operaciones relativas a la colaboración.


Artículo 9.- Derechos

* NOTA: redactado conforme al artículo 1.Cinco de la Orden de 20 de abril de 1998.

Por la gestión de la prestación económica de incapacidad temporal las Empresas que ejerzan la colaboración regulada en la presente sección tendrán derecho a reducir la cuota que les correspondería satisfacer de no existir la colaboración mediante la aplicación del coeficiente que anualmente fije el Ministerio de Trabajo e Inmigración, de conformidad con lo previsto en el apartado 2 del artículo 62 del Reglamento General sobre Cotización y Liquidación de otros derechos de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto 2064/1995, de 22 de diciembre.

En el supuesto contemplado en el número 2 del artículo 7º, la compensación económica establecida en este artículo sólo se aplicará respecto de los trabajadores incluidos en la colaboración voluntaria.


SECCIÓN 3ª. NORMAS COMUNES A LAS DOS SECCIONES ANTERIORES

* NOTA: el contenido de esta Sección solo es aplicable en la actualidad a la modalidad de colaboración voluntaria prevista en la Sección 1ª de esta Orden.

Artículo 10.- Finalidad y resultado

* NOTA: redactado conforme al artículo 1.Seis de la Orden de 20 de abril de 1998, que además integra este artículo y el siguiente en la sección 3ª.

1. Las cantidades percibidas por las empresas de acuerdo con lo establecido en los artículos 6º y 9º anteriores no podrán ser aplicadas a ninguna otra finalidad distinta de las respectivas modalidades de colaboración reguladas en las dos secciones anteriores.

2. El resultado económico de ambas modalidades de colaboración será de la exclusiva responsabilidad de las Empresas autorizadas para ejercerlas, debiendo asumir, en consecuencia a su propio cargo, los déficits que puedan producirse.

El resultado económico que genere el desarrollo de la colaboración de que se trate se determinará al cierre de cada ejercicio económico, por la diferencia que resulte entre los ingresos atribuibles a la colaboración y los gastos imputables a la misma.

3. Las empresas estarán obligadas a aportar a la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social cuantos datos les requieran en orden al adecuado y completo conocimiento de la gestión desarrollada en el ejercicio de la colaboración.


Artículo 11.- Cotización

* NOTA: redactado conforme al artículo 1.Seis de la Orden de 20 de abril de 1998.

Las empresas que estén autorizadas para colaborar voluntariamente en la gestión en alguna de las modalidades a que se refieren las dos secciones anteriores habrán de efectuar su cotización a la Seguridad Social en la forma, lugar y plazos establecidos en la normativa reguladora de la cotización, liquidación y recaudación de los Recursos del Sistema de la Seguridad Social.


Artículo 12.- Extensión, cuantía y pago de las prestaciones

1. Los empresarios que ejerzan cualquiera de las formas de colaboración a que se refieren las dos secciones anteriores estarán obligados a facilitar las prestaciones correspondientes al menos con la extensión y en la cuantía establecida reglamentariamente con carácter general para las respectivas situaciones y contingencias.

2. En materia de reconocimiento del derecho y momento de la iniciación del pago de la prestación económica por incapacidad temporal, cualquiera que sea su causa, será de aplicación lo dispuesto en el artículo 17.


Artículo 13-. Prestación de la asistencia sanitaria

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, la asistencia sanitaria se atendrá en todo caso a las siguientes normas:

a) Será prestada en coordinación con los Servicios sanitarios de la Seguridad Social.

b) Estará sometida a la Inspección de los indicados Servicios.

c) Se ajustará a las instrucciones generales y, en su caso, particulares que se establezcan para regular su prestación.


Artículo 14.- Autorización

* NOTA: el artículo 1.Siete de la Orden de 20 de abril de 1998, da nueva redacción a los apartados 4, 5 y 6 y añade el apartado 7 de este artículo.

1. Las Empresas que deseen colaborar en la gestión de la Seguridad Social en las formas reguladas en las dos secciones anteriores y que reúnan las condiciones señaladas en las mismas, deberán solicitar por conducto de la Delegación Provincial de Trabajo correspondiente la oportuna autorización de la Dirección General de Previsión, la cual resolverá lo que proceda, previo informe de la Inspección de Trabajo, de la Inspección de los Servicios Sanitarios de la Seguridad Social y de las correspondientes Entidades gestoras.

* NOTA: la referencia a la Delegación Provincial de Trabajo debe entenderse hecha actualmente al Área de Trabajo y Asuntos Sociales. Según lo dispuesto en el artículo 2 de la Orden de 20 de abril de 1998 las anteriores referencias a las Delegaciones Provinciales de Trabajo se debían entender hechas a las Direcciones Provinciales de Trabajo, Seguridad Social y Asuntos Sociales. Sin embargo, la disposición final primera del Real Decreto 1330/1997, de 1 de agosto, de Integración de Servicios Periféricos y de Estructura de las Delegaciones del Gobierno estableció que en 1998 se integrarían en las citadas Delegaciones los servicios que se determinaran de las Direcciones Provinciales de Trabajo, Seguridad Social y Asuntos Sociales, suprimiéndose, en consecuencia, dichas Direcciones Provinciales. Pues bien, la integración se llevó a cabo mediante el Real Decreto 2725/1998, de 18 de diciembre, no afectando a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y, en cada Delegación del Gobierno, se han creado las áreas funcionales de Trabajo y Asuntos Sociales.

La cita a la Dirección General de Previsión entiéndase sustituida por la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social.

Según lo dispuesto en el artículo 2 de la Orden de 20 de abril de 1998, las referencias a la Inspección de Trabajo se entenderán hechas a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

2. A la petición que se formule instando la indicada autorización se acompañará la documentación acreditativa de que concurren las condiciones señaladas en los apartados a) y b) del artículo 4º y a), b) y d) del artículo 7º, según la forma de colaboración que pretenda ejercerse, así como el informe del Jurado de Empresa.

3. La Dirección General de Previsión podrá conceder la autorización a que este artículo se refiere, aunque las instalaciones sanitarias de la Empresa no permitan prestar en todo o en parte la hospitalización quirúrgica, que en tal caso será facilitada por los Servicios Sanitarios de la Seguridad Social en las condiciones y con la compensación económica que se acuerden en cada caso.

4. La Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, de oficio o a propuesta de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, la Inspección de Servicios Sanitarios de la Seguridad Social, la Tesorería General de la Seguridad Social o las Entidades Gestoras, podrá acordar la suspensión temporal o retirada definitiva de la autorización concedida cuando considere acreditado que han dejado de concurrir las condiciones exigidas para la concesión de la autorización o que no se lleva a cabo correctamente la modalidad de colaboración de que se trate. Los representantes legales de los trabajadores podrán promover a tal efecto la actuación de la Inspección Trabajo y Seguridad social o de la Inspección de Servicios Sanitarios de la Seguridad Social siempre que la consideren necesaria.

5. Aquellas empresas que, conforme a lo previsto en los números anteriores de este artículo, hubiesen sido autorizadas para colaborar en la gestión de la Seguridad Social en las formas reguladas en las dos secciones anteriores, podrán renunciar, de forma temporal o definitiva, al ejercicio de la misma. El cese voluntario en la colaboración a que se refiere el párrafo anterior, cuya fecha de efectos deberá coincidir necesariamente con el inicio del año natural siguiente, se instará por la propia empresa mediante solicitud motivada ante la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, acompañada de informe al respecto de los representantes legales de los trabajadores, debiendo ser presentada antes del 30 de septiembre del ejercicio anterior a aquél en que deba tener efectividad.

6. Adoptado el acuerdo de suspensión o cese en la colaboración en virtud de lo dispuesto en los números 4 y 5 de este artículo, circunstancia que no eximirá a la empresa de responder de las obligaciones que, por cotización, prestaciones u otros conceptos, se deriven del ejercicio de la misma durante el tiempo que la autorización se haya mantenido vigente, la empresa, en el plazo de tres meses, procederá a la liquidación de las operaciones relativas a la colaboración, ingresando en la Tesorería General de la Seguridad Social los excedentes que, en su caso, resulten.

La resolución por la que se acuerde el cese podrá designar a uno o varios funcionarios para que vigilen o actúen como interventores de la liquidación.

7. Contra las resoluciones de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social a que este artículo se refiere, podrá interponerse recurso ordinario de acuerdo con lo preceptuado en el artículo 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común [entiéndase, artículo 121 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas].


Artículo 15.- Registro

1. Las autorizaciones concedidas de acuerdo con lo establecido en el artículo anterior se inscribirán en un Registro que se llevará a efecto en la Dirección General de Previsión.

2. La Dirección General de Previsión comunicará las autorizaciones concedidas a las Delegaciones de Trabajo de las provincias en que haya de ejercerse la colaboración, a fin de que dichas Delegaciones lleven una relación actualizada de las Empresas autorizadas. Igual comunicación se efectuará a las Entidades gestoras afectadas.


SECCIÓN 4ª. COLABORACIÓN VOLUNTARIA RESPECTO AL ABONO DE LA PRESTACIONES ECONÓMICAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL DERIVADA DE ENFERMEDAD COMÚN O ACCIDENTE NO LABORAL.

* NOTA: sección añadida al Capítulo II, por la disposición adicional vigésima de la Orden de 18 de enero de 1993.

Artículo 15 bis.- Formulación de la opción de acogimiento a la colaboración voluntaria.

1. Los empresarios que deseen acogerse a la modalidad de colaboración prevista en el apartado d), número 1, del artículo 208 del Texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social [entiéndase art. 102.1.b) LGSS 2015], efectuarán la oportuna opción en la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social o Administración de la misma, donde el empresario o sujeto responsable solicite la apertura de la correspondiente cuenta de cotización o, en su defecto, en la que el mismo tenga su domicilio.

2. De igual modo, las Empresas ya inscritas que deseen acogerse a la modalidad de colaboración voluntaria a que se refiere el número anterior o, en su caso, renunciar a la colaboración ejercida, efectuarán la oportuna opción ante las dependencias señaladas en dicho número antes del 1 de octubre de cada año, relacionando todos los códigos de cuentas de cotización correspondientes a la Empresa. La opción así efectuada tendrá efectos desde el día 1 de enero del ejercicio siguiente.

Cuando se trate de Empresas que tengan autorizada la gestión centralizada, la opción de colaboración voluntaria o la renuncia a la misma podrá presentarse en la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social o Administración de aquélla en la que el empresario tenga concedida la gestión centralizada, relacionando todos los códigos de cuentas de cotización de la Empresa.

3. La opción para colaborar voluntariamente en la gestión del pago del subsidio de incapacidad temporal, derivada de contingencias comunes o, en su caso, la renuncia a la colaboración que se venía ejerciendo, afectará a la totalidad de los trabajadores de la Empresa, con independencia de que figuren en distintas cuentas de cotización.

4. La Tesorería General de la Seguridad Social remitirá al Instituto Nacional de la Seguridad Social, así como al Ministerio de Trabajo e Inmigración, relación de las Empresas que hayan optado por acogerse a la modalidad de colaboración voluntaria en esta sección, así como, en su caso, de aquéllas que hayan renunciado a la colaboración ejercida con anterioridad.


Artículo 15 ter.- Obligaciones y derechos

* NOTA: el artículo 1.Ocho de la Orden de 20 de abril de 1998 da nueva redacción a las letras a) y b) del apartado 1, y añade las letras d) y e) a ese mismo apartado de este artículo.

1. Las Empresas que se acojan a la forma de colaboración regulada en esta sección tendrán las obligaciones siguientes:

a) Pagar directamente y a su cargo la prestación económica debida a sus trabajadores por incapacidad temporal derivada de enfermedad común o accidente no laboral.

b) Destinar los posibles excedentes económicos resultantes de la colaboración a la constitución de una reserva denominada "de estabilización", que se dotará hasta alcanzar la cuantía equivalente al 25 por 100 de las cotizaciones afectadas a la colaboración obtenidas durante el ejercicio, cuya finalidad exclusiva será atender los posibles resultados negativos futuros que pudieran derivarse del ejercicio de la colaboración. Una vez cubierta la mencionada reserva, el resto de los excedentes que, en su caso, se hubieran generado se aplicarán a la mejora de las prestaciones objeto de la colaboración que se satisfagan en el ejercicio siguiente, y, en su caso, sucesivos a aquél en el que se generaron los mismos.

c) Dar cuenta a los representantes legales de los trabajadores, semestralmente al menos, de la aplicación de las cantidades percibidas para el ejercicio de la colaboración, conforme a lo que se prevé en el número siguiente.

d) Llevar en su contabilidad una cuenta que recoja todas las operaciones relativas a la colaboración.

e) Desarrollar la gestión de forma directa, sin que puedan ceder, transmitir o asegurar la misma con otra persona o entidad, cualesquiera que sean la naturaleza de éstas y la modalidad o título utilizado.

2. Las Empresas que ejerzan la colaboración regulada en la presente sección tendrán derecho a reducir la cuota que les correspondería satisfacer de no existir la colaboración, mediante la aplicación del coeficiente que anualmente fije el Ministerio de Trabajo e Inmigración, de conformidad con lo dispuesto en el número 1 del artículo 4º del Real Decreto 1245/1979, de 25 de mayo.

* NOTA: el Real Decreto 2064/1995, de 22 de diciembre, derogó el Real Decreto 1245/1979, de 22 de mayo, excepto su artículo 1. En consecuencia, la referencia al artículo 4º.1 debe entenderse sustituida por el artículo 62 del Real Decreto 2064/1995.


Artículo 15 quater.- Aplicación Supletoria

* NOTA: redactado conforme al artículo 1.Nueve de la Orden de 20 de abril de 1998.

Será aplicable a la modalidad de colaboración voluntaria regulada en esta Sección, lo previsto en los artículos 10, 11 y 12, así como en los números 4 y 6 del artículo 14.


CAPÍTULO III De la colaboración obligatoria

Artículo 16.- Contenido

1. La colaboración obligatoria a cuyas formas se refiere el artículo 3º comprenderá el pago por la Empresa a sus trabajadores de las siguientes prestaciones por delegación de la respectiva Entidad obligada:

a) Asignaciones familiares periódicas correspondientes al régimen de protección a la familia.

* NOTA: esta letra a) debe entenderse sin efecto. Las empresas cesaron en esta colaboración obligatoria el 1º de julio de 1991 (disposición adicional 4ª del Real Decreto 356/1991, de 15 de marzo, derogado por el Real Decreto 1335/2005, de 11 de noviembre).

b) Prestación económica por incapacidad temporal derivada de accidente de trabajo o enfermedad profesional.

c) Prestación económica por incapacidad temporal derivada de enfermedad común o accidente no laboral.

d) Subsidio por desempleo parcial, como consecuencia de reducción de la jornada laboral o de los días de trabajo, debidamente autorizada por la autoridad laboral competente.

2. Las Empresas que empleen menos de 10 trabajadores y lleven más de seis meses consecutivos pagando a alguno de ellos una prestación económica por incapacidad temporal, cualquiera que sea su causa, podrán trasladar en cualquier momento la obligación del pago directo de la misma al Instituto Nacional de Previsión, Mutualidad Laboral o, en su caso, Mutua Patronal, por cuya delegación lo viniesen efectuando. El traslado de la indicada obligación deberá tener efecto coincidiendo con el comienzo de un mes natural y comunicarse a la Entidad correspondiente con una antelación mínima de quince días.

* NOTA: según lo dispuesto en el artículo 2 de la Orden de 20 de abril de 1998, las referencias al Instituto Nacional de Previsión y a las Mutualidades Laborales se entenderán hechas a la Entidad gestora correspondiente, y las referencias a las Mutuas Patronales a las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social.

A partir de 1 de enero de 2015, de conformidad con lo establecido en la D.A. primera de la Ley 35/2014, de 26 de diciembre, las referencias a las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social, se entenderán hechas a las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social.

3. La autoridad laboral que conceda a una Empresa el aplazamiento o fraccionamiento para el ingreso de las cuotas de la Seguridad Social, podrá exceptuarla durante el periodo a que alcance el aplazamiento de la obligación del pago delegado de las prestaciones que se mencionan en los apartados b), c) y d) del número 1 de este artículo.

4. Por excepción a lo dispuesto en el número 1 de este artículo, la Delegación Provincial de Trabajo competente, de oficio o a instancia de parte, podrá acordar que el pago del subsidio a que se refiere el apartado d) del indicado número se lleve a cabo directamente por el Instituto Nacional de Previsión, siempre que la situación económica de la Empresa así lo aconseje.


Artículo 17.- Iniciación y cuantía del pago.

1. Las Empresas realizarán el pago delegado que se regula en el presente capítulo de acuerdo con las siguientes normas:

a) Las prestaciones familiares sólo podrán satisfacerse a los trabajadores que tengan reconocido el derecho a las mismas por el Instituto Nacional de Previsión y en la cuantía señalada en dicho reconocimiento.

Las indicadas prestaciones se pagarán a los trabajadores por mensualidades vencidas, junto con el primer pago de retribuciones que se efectúe en el mes inmediatamente siguiente, si tuviera lugar dentro de los cinco primeros días del mismo y, en otro caso, dentro de estos cinco días.

* NOTA: esta letra a) debe entenderse sin efecto.

b) Sin perjuicio de que el reconocimiento del derecho a la prestación económica por incapacidad temporal derivada de accidente de trabajo corresponda a la Mutualidad Laboral o, en su caso, a una Mutua Patronal, con la intervención que proceda de los Servicios comunes de la Seguridad Social, la empresa deberá iniciar el pago de la prestación al trabajador tan pronto como curse el reglamentario parte de accidente, de acuerdo con los datos que haga constar en el mismo, y a partir del día siguiente a aquél en que el accidente haya ocurrido. Cuando la incapacidad temporal, incluido en tal concepto el periodo de observación que en su caso proceda, sea debida a enfermedad profesional, el pago de la prestación se efectuará desde el día siguiente al de la baja en el trabajo.

La cuantía de las prestaciones a que este apartado se refiere se determinará por la Empresa aplicando las correspondientes normas reglamentarias. La Mutualidad Laboral o la Mutua Patronal, en su caso, informarán a la Empresa sobre cualquier duda que la aplicación de dichas normas pudiera suscitarle.

c) En cuanto a la prestación económica por incapacidad temporal derivada de enfermedad común o accidente no laboral, será de aplicación lo indicado en el apartado anterior sobre reconocimiento del derecho, que en este caso corresponderá al Instituto Nacional de Previsión, llevándose a cabo el pago de la prestación por la Empresa tan pronto como el trabajador justifique que se encuentra en tal situación mediante la presentación del correspondiente parte facultativo de baja y de los sucesivos de confirmación de la misma. Si el trabajador no hubiera cubierto en la Empresa el periodo de cotización reglamentariamente exigido para tener derecho a esta prestación, podrá acreditarlo bajo su responsabilidad, mediante una declaración en la que haga constar el tiempo trabajado en otra Empresa o Empresas que complete el referido periodo. Las Empresas remitirán mensualmente al Instituto Nacional de Previsión los partes.

La prestación se satisfará a partir del quinto día de enfermedad y siempre que la duración de ésta sea, como mínimo, de siete días; en los procesos que se inicien desde el día 1 de enero de 1967, el referido pago se hará a partir del cuarto día de enfermedad y siempre que la misma tenga, como mínimo, la duración indicada.

* NOTA: este requisito de duración mínima no es exigible. Ha quedado sin efecto en virtud del artículo 131 de la Ley General de la Seguridad Social de 1994. Véase actualmente art. 173.1 LGSS 2015.

Para determinar la cuantía de estas prestaciones se estará a lo dispuesto en el último párrafo del apartado anterior.

d) El subsidio de desempleo parcial a que se refiere el apartado d) del número 1 del artículo anterior se satisfará en la cuantía y desde el momento que se señale en la resolución de la autoridad laboral que haya reconocido el derecho a percibirlo.

2. Las referencias al reconocimiento del derecho a las prestaciones que se formulan en el número anterior no prejuzgarán en modo alguno el contenido de las normas que han de regular tal materia en las disposiciones que desarrollen la Ley de la Seguridad Social.


Artículo 18.- Pago indebido

Cuando los empresarios abonen a sus trabajadores las asignaciones familiares o los subsidios de desempleo a que se refieren, respectivamente, los apartados a) y d) del número 1 del artículo 17, sin que se haya reconocido el derecho a los mismos o cuando los abonen en cuantía superior a la reconocida, el importe de las cantidades indebidamente satisfechas no podrá ser objeto del reintegro que se regula en el artículo 20 y el empresario podrá exigir su devolución a los trabajadores afectados, de acuerdo con las disposiciones vigentes en la materia. La misma norma se aplicará en el supuesto de que no se reconozca el derecho a las prestaciones a que se refieren los apartados b) y c) del indicado número o se reconozcan en cuantía inferior a la que la Empresa haya satisfecho; sin embargo, no será de aplicación dicha norma, en el caso de que el no reconocimiento del derecho a la prestación a que se refiere el mencionado apartado c) sea debido a inexactitud de la declaración formulada por el trabajador para acreditar que tiene cubierto el periodo de cotización exigido, en cuyo supuesto el empresario podrá efectuar el correspondiente reintegro, sin perjuicio de que la Entidad gestora exija al trabajador las responsabilidades que procedan.


Artículo 19.- Incumplimiento de la obligación

En el supuesto de que el trabajador, con derecho a la percepción de las prestaciones económicas mencionadas en el número 1 del artículo 16, no las perciba en la cuantía y plazo que se establecen en el artículo 17, lo pondrá en conocimiento de la Entidad gestora correspondiente, o en su caso, de la Mutua Patronal, que adoptará con toda urgencia las medidas necesarias, para que se corrija la falta o deficiencia y lo comunicará a la Inspección de Trabajo a los efectos consiguientes.


Artículo 20.- Reintegros

1. Las Empresas se reintegrarán de las cantidades satisfechas a sus trabajadores, en cumplimiento de lo dispuesto en el presente capítulo, descontándolas del importe de las liquidaciones que han de efectuar para el ingreso de las cuotas de la Seguridad Social que correspondan al mismo periodo que las prestaciones satisfechas.

Para ello, las Empresas reflejarán en los impresos correspondientes a la liquidación de cuotas el importe de las prestaciones abonadas, de forma detallada y con determinación nominal de los trabajadores a quienes se hayan satisfecho aquéllas.

2. Las Empresas que no habiendo ingresado las cuotas de la Seguridad Social dentro del plazo reglamentario dejen transcurrir el mes natural inmediatamente siguiente a la expiración de dicho plazo, no podrán reintegrarse del importe de las prestaciones satisfechas a sus trabajadores que correspondan al mismo periodo que las cuotas. Esta norma no se aplicará en el supuesto de que se haya concedido a la Empresa el aplazamiento o fraccionamiento en el pago y siempre que la misma efectúe el ingreso de las cuotas en los términos previstos en la correspondiente autorización.

3. Las Entidades gestoras, o en su caso las Mutuas Patronales, comunicarán a las Empresas los defectos materiales o simples errores de cálculo que observen en el reintegro efectuado al liquidar las cuotas, para que sean subsanados en la primera liquidación que se realice.


Artículo 21.- Comprobación del cumplimiento de la colaboración

La Inspección de Trabajo, de oficio, a propuesta de las Entidades Gestoras o, en su caso, de las Mutuas Patronales, por cuya delegación se abonan las prestaciones o a instancia de los trabajadores interesados, comprobará el cumplimiento por las Empresas de la colaboración que se regula en el presente capítulo.


Disposiciones finales

Primera.

Las normas de la presente Orden entrarán en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.


Segunda.

Se autoriza a la Dirección General de Previsión para dictar cuantas resoluciones estime pertinentes para la aplicación, interpretación y cumplimiento de lo dispuesto en la presente Orden.


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