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Orden de 15 de abril de 1969 por la que se establecen normas para la aplicación y desarrollo de las prestaciones por invalidez en el Régimen General de la Seguridad Social.


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Última actualización: 20 de septiembre de 2013

CAPITULO I Disposiciones generales

Artículo 1.- Clases y conceptos.

1. La incapacidad puede ser permanente o provisional.

2. Es incapacidad permanente la situación del trabajador que, después de haber estado sometido al tratamiento prescrito y de haber sido dado de alta médicamente, presente reducciones anatómicas o funcionales graves, susceptibles de determinación objetiva y previsiblemente definitivas, que disminuyan o anulen su capacidad laboral. No obstará a tal calificación la posibilidad de recuperación de la capacidad laboral del inválido si dicha posibilidad se estima médicamente como incierta o a largo plazo.

3. Se entiende por invalidez provisional la situación del trabajador que, una vez agotados el plazo de dieciocho meses y su prórroga por otros seis, señalados para la incapacidad temporal en el artículo 129, número 2, de la Ley de la Seguridad Social de 21 de abril de 1966 («BOE de 22 y 23), requiera la continuación de la asistencia sanitaria, reciba ésta de la Seguridad Social y esté imposibilitado de reanudar su trabajo, siempre que se prevea que la invalidez no ha de tener carácter definitivo .

* NOTA: este apartado 3 debe entenderse derogado, al haberse suprimido la prestación de invalidez provisional por la Ley 42/1994, de 30 diciembre.


Artículo 2.- Situación previa a la incapacidad.

1. La incapacidad, permanente o provisional, habrá de derivarse de la situación de incapacidad temporal debida a enfermedad, común o profesional, o a accidente, sea o no de trabajo.

2. No obstante lo dispuesto en el número anterior, la invalidez, provisional o permanente, podrá declararse, sin que se derive de la situación legal de incapacidad temporal, cuando se trate de trabajadores excluidos, conforme a lo previsto en los apartados a) y b) del artículo 83 de la Ley de la Seguridad Social, de dicha situación y de asistencia sanitaria, debidas ambas a enfermedad común o accidente no laboral, y que reúnan las condiciones que para los mismos se establecen en esta Orden.

En tales casos las referencias de la presente Orden a la situación de incapacidad temporal se entenderán hechas al periodo de baja en el trabajo en la Empresa que se señala en el número 2 del artículo 40, y las relativas a la base reguladora del subsidio por incapacidad temporal a la cuantía que dicha base hubiera tenido de no haber estado el trabajador excluido de tal situación.

* NOTA: el apartado 2 debe entenderse sin efecto, por aplicación de normas posteriores.

3. Asimismo podrá declararse la incapacidad permanente sin que se derive de la situación legal de incapacidad temporal, cuando se trate de personas que se encuentren en las situaciones asimiladas a la de alta que se establecen en esta Orden.

* NOTA: entiéndase también en la situación de no alta. (Artículo 138.3 de la LGSS).


CAPITULO II Invalidez Provisional

* NOTA: este Capítulo II (artículos 3 a 10) debe entenderse derogado, ya que la prestación de invalidez provisional fue suprimida por la Ley 42/1994, de 30 de diciembre. Véase el artículo 131 bis de la actual LGSS.

SECCIÓN 1ª. GRADUACIÓN DE LA INCAPACIDAD

Artículo 11.- Grados.

1. La incapacidad permanente, cualquiera que sea su causa determinante, se clasificará con arreglo a los siguientes grados:

a) Incapacidad permanente parcial para la profesión habitual.

b) Incapacidad permanente total para la profesión habitual.

c) Incapacidad permanente absoluta para todo trabajo.

d) Gran invalidez.

2. Se entenderá por profesión habitual, en caso de accidente, sea o no de trabajo, la desempeñada normalmente por el trabajador al tiempo de sufrirlo, y en caso de enfermedad, común o profesional, aquella a la que el trabajador dedicaba su actividad fundamental durante los doce meses anteriores a la fecha en que se hubiese iniciado la incapacidad temporal de la que se derive la incapacidad permanente. A tales efectos se tendrán en cuenta los datos que consten en los documentos de afiliación y cotización.


Artículo 12.- Definición de los grados.

1. Se entenderá por incapacidad permanente parcial para la profesión habitual la que, sin alcanzar el grado de total, produzca al trabajador una disminución, al menos, del 66 por 100 de su capacidad de ganancia en dicha profesión. No obstante, cuando la incapacidad tenga su origen en un accidente de trabajo o enfermedad profesional será calificada de parcial, aunque no alcance el mencionado porcentaje, siempre que ocasione al trabajador una disminución sensible en su rendimiento normal para la profesión habitual, sin impedirle la realización de las tareas fundamentales de dicha profesión.

* NOTA: la definición de incapacidad permanente parcial debe entenderse modificada. Véase el artículo 137.3 de la LGSS y el artículo 3.1 del Decreto 1646/1972, de 23 de junio.

2. Se entenderá por incapacidad permanente total para la profesión habitual la que inhabilite al trabajador para la realización de todas o de las fundamentales tareas de dicha profesión, aunque pueda dedicarse a otra distinta.

3. Se entenderá por incapacidad permanente absoluta para todo trabajo la que inhabilite por completo al trabajador para toda profesión u oficio.

4. Se entenderá por gran invalidez la situación del trabajador afectado de incapacidad permanente absoluta y que, por consecuencia de pérdidas anatómicas o funcionales, necesite la asistencia de otra persona para realizar los actos más esenciales de la vida, tales como vestirse, desplazarse, comer o análogos.

* NOTA: el concepto actual de gran invalidez viene expresado en el artículo 137.6 de la LGSS y, por tanto, el término “absoluta” debe entenderse suprimido.


SECCIÓN 2ª. PRESTACIONES ECONÓMICAS

Artículo 13.- Enumeración.

Los distintos grados de incapacidad darán derecho, en los términos que para cada uno de ellos se establecen en la presente sección, a alguna o algunas de las siguientes prestaciones económicas:

a) Subsidio de espera.

b) Subsidio de asistencia.

* NOTA: los subsidios de espera y asistencia fueron suprimidos. Véase el artículo 139 de la LGSS.

c) Cantidad a tanto alzado.

d) Pensión vitalicia.


Artículo 14.- Prestaciones económicas por incapacidad permanente parcial.

* NOTA: todo el artículo debe entenderse derogado, en virtud de lo dispuesto en el artículo 139.1 de la LGSS y en los artículos 3º.2 y 9º del Decreto 1646/1972, de 23 de junio

Artículo 15.- Prestaciones económicas por incapacidad permanente total.

1. La situación de invalidez en el grado de incapacidad permanente total para la profesión habitual dará derecho, a quienes reúnan las condiciones establecidas en el artículo 19, a las siguientes prestaciones económicas:

a) Prestaciones en favor de trabajadores declarados inválidos con posibilidad razonable de recuperación:

a’) Subsidio de espera, en los términos previstos en el apartado a), a’), del artículo anterior, consistente en un 55 por 100 de la base de cotización, determinada de acuerdo con las normas que en dicho precepto se señalan.

b’) Subsidio de asistencia, en los términos previstos en el apartado a), b’), del artículo anterior, cuya cuantía será igual a la del subsidio de espera.

c’) Entrega de una cantidad a tanto alzado si procediera, de acuerdo con lo establecido en el artículo 16, y en la cuantía que conforme al mismo corresponda en vista del resultado de la readaptación y rehabilitación.

b) Prestaciones en favor de los trabajadores declarados inválidos sin posibilidad razonable de recuperación.

Entrega de una cantidad a tanto alzado equivalente a cuarenta mensualidades de la base de cotización, a que se refiere el apartado b) del artículo anterior.

* NOTA: el apartado 1 debe entenderse sin efecto.

2. Los trabajadores que sean declarados con una incapacidad permanente total para su profesión habitual, que les haya sobrevenido después de cumplir la edad de cuarenta y cinco años, podrán optar entre someterse a los procesos de readaptación y rehabilitación procedentes, en la forma y condiciones previstas en la sección siguiente, y percibir las prestaciones económicas que correspondan de acuerdo con los apartados a) y b) del número anterior, o que les sea reconocido el derecho a una pensión vitalicia de cuantía equivalente al 55 por 100 de la base reguladora.

La referida opción deberá ejercitarse por los interesados dentro de los treinta días siguientes a la declaración de incapacidad. Transcurrido el mencionado plazo sin ejercitar el derecho de opción, ésta se entenderá efectuada a favor de la pensión vitalicia. También se entenderá ejercitado el derecho de opción en favor de la pensión vitalicia si el trabajador tuviese sesenta o más años de edad en la fecha en que se haya declarado la incapacidad. La opción tendrá, en todo caso, carácter irrevocable.

* NOTA: véanse los artículos 139.2 y 140 de la LGSS y la disposición adicional primera de la Ley 40/2007, de 4 de diciembre, los artículos 3º.2, 6º y 10º del Decreto 1646/1972, de 23 de junio, y el artículo 5º de la Orden de 31 de julio de 1972.

La base reguladora de la pensión vitalicia se determinará de acuerdo con las siguientes normas:

a) Cuando la incapacidad proceda de enfermedad común o accidente no laboral, dicha base será el cociente que resulte de dividir por 28 la suma de las bases de cotización del trabajador durante un periodo ininterrumpido de veinticuatro meses naturales, aun cuando dentro del mismo existan lapsos en los que no haya habido obligación de cotizar; dicho periodo será elegido por el interesado dentro de los siete años inmediatamente anteriores a la fecha en que se cause el derecho a la pensión; no se computarán en el período elegido aquellas cantidades que, aun habiendo sido ingresadas dentro del mismo, correspondan a meses distintos de los comprendidos en él; en su caso, las partes proporcionales de las gratificaciones de 18 de julio y Navidad, por las que se haya cotizado al cesar el trabajador en su Empresa, sólo se computarán si fueran necesarias para completar, hasta su cuantía íntegra, alguna o algunas de las anteriores gratificaciones comprendidas en el período elegido.

* NOTA: véanse el artículo 7.1 del Decreto 1646/1972, de 23 de junio, para la incapacidad permanente derivada de accidente no laboral en alta, y el artículo 140 de la LGSS, para la incapacidad permanente derivada de contingencias comunes.

b) Cuando la incapacidad proceda de accidente de trabajo o enfermedad profesional, y en tanto que la cotización correspondiente a dichas contingencias continúe efectuándose sobre las retribuciones efectivamente percibidas, de acuerdo con lo preceptuado en el número 8 de la disposición transitoria tercera de la Ley de la Seguridad Social, serán de aplicación, para determinar la base reguladora, las normas que para la incapacidad permanente establecía el capitulo V del Reglamento aprobado por Decreto de 22 de junio de 1956, o las que expresamente apruebe el Gobierno, a propuesta del Ministro de Trabajo, para sustituir aquéllas por otras especificas para la incapacidad permanente que se regula en el presente artículo.

* NOTA: en relación con lo preceptuado en el número 8 de la disposición transitoria tercera hay que entender, en la actualidad, lo dispuesto en el artículo 109 de la LGSS.

En materia de base reguladora, téngase en cuenta la normativa posterior, que afecta especialmente a este artículo. Véase también la disposición adicional undécima del Real Decreto 4/1998, de 4 de enero, referida a la base reguladora en las prestaciones económicas derivadas de contingencias profesionales.

La denominación actual del Ministerio de Trabajo es Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Véase el Real Decreto 1823/2011, de 21 de diciembre, por el que se reestructuran los departamentos ministeriales.


Artículo 16.- Norma común a los dos artículos anteriores.

Los trabajadores declarados inválidos, en el grado de incapacidad permanente parcial o total para su profesión habitual, con posibilidad razonable de recuperación, tendrán derecho a la entrega de una cantidad a tanto alzado, si, concluidos los procesos de readaptación y rehabilitación, subsistiese alguno de los mencionados grados de incapacidad permanente; a tal efecto se examinará la capacidad del trabajador una vez ultimados dichos procesos, revisando, si procediera, el grado de incapacidad que inicialmente se le hubiese reconocido. De acuerdo con el grado de incapacidad así resultante, el trabajador tendrá derecho a percibir, por una sola vez, una cantidad equivalente a dieciocho mensualidades de su base de cotización, si se tratase de incapacidad permanente parcial para su profesión habitual, y de cuarenta mensualidades de dicha base si se tratara de incapacidad permanente total; en ambos casos se tomará como base reguladora la que haya servido para determinar la prestación económica por incapacidad temporal de la que se deriva la invalidez.

* NOTA: este artículo debe entenderse derogado por aplicación de la normativa posterior.


Artículo 17.- Prestaciones económicas por incapacidad permanente absoluta.

La situación de incapacidad en el grado de incapacidad permanente absoluta para todo trabajo dará derecho, a quienes reúnan las condiciones establecidas en el artículo 19, a una pensión vitalicia equivalente al 100 por 100 del salario real del trabajador.

Para determinar dicho salario se aplicarán, cualquiera que fuera la contingencia de la que se derive la invalidez, las normas a que se refiere el apartado b) del número 2 del artículo 15, con las salvedades siguientes:

* NOTA: las normas a que se refiere el apartado b) del número 2 del artículo 15 son aplicables exclusivamente cuando la incapacidad permanente proceda de contingencias profesionales.

a) Si el salario real computado resultase inferior a la base de cotización del inválido, se tomará ésta en todo caso como salario real.

b) Si por razones de edad, capacidad disminuida o cualquier otra circunstancia similar, el salario real computado fuese inferior al salario interprofesional mínimo correspondiente a los trabajadores adultos, se tomará como real dicho salario mínimo.

* NOTA: hay que tener en cuenta el artículo 140 de la LGSS y demás normas aplicables a la base reguladora.


Artículo 18.- Prestaciones económicas por gran invalidez

* NOTA: artículo afectado por la redacción del artículo 139.4 de la LGSS, dada por la Ley 40/2007, de 4 de diciembre, de medidas en materia de Seguridad Social, que modifica el cálculo del complemento de gran invalidez y suprime la posibilidad de sustituirlo por el ingreso en un centro asistencial público a partir del 1-1-2008.

La situación de incapacidad, en el grado de gran invalidez, dará derecho, a quienes reúnan las condiciones establecidas en el artículo 19, a la prestación económica que se señala en el artículo anterior para el de incapacidad permanente absoluta, incrementándose la pensión en un 50 por 100 destinado a remunerar a la persona que atienda al inválido.

La Entidad gestora o la Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social, en su caso, que hubiera tenido a su cargo la protección de la incapacidad podrá autorizar, a petición del gran inválido o de sus representantes legales y siempre que lo considere conveniente en beneficio del mismo, la sustitución del incremento a que se refiere el párrafo anterior, por el alojamiento y cuidado del inválido, a cargo de dicha Entidad o Mutua, en régimen de internado, en una Institución asistencial. La petición podrá ser formulada en cualquier momento; el gran inválido o sus representantes legales podrán igualmente decidir, en cualquier momento, con carácter vinculante para la Entidad gestora o Mutua que haya autorizado la referida sustitución, que ésta quede sin efecto.


Artículo 19.- Beneficiarios.

Serán beneficiarios de las prestaciones económicas por incapacidad permanente, que a su grado de incapacidad corresponda, los trabajadores que, reuniendo las condiciones que a continuación se señalan, hayan sido declarados en la situación de incapacidad permanente definida en el número 2 del artículo 1º:

a) Que se encuentren afiliados y en alta o en situación asimilada al alta, teniendo cubierto, en la fecha en que causaron baja en el trabajo a consecuencia de las contingencias determinantes de la invalidez, un período de cotización efectivo de mil ochocientos días en los diez años inmediatamente anteriores a la expresada fecha, salvo para las prestaciones por incapacidad permanente derivada de accidente, sea o no laboral, o de enfermedad profesional, en cuyo caso no será exigido ningún período previo de cotización.

* NOTA: el contenido de este párrafo a) está modificado. Véase el artículo 138 de la LGSS.

b) En los supuestos de incapacidad permanente parcial o total, será necesario, además, que el trabajador haya cumplido cuarenta y cinco años de edad en el momento del alta médica, salvo en las prestaciones económicas por invalidez derivada de accidente de trabajo o enfermedad profesional, en cuyo caso no será exigido ningún límite de edad para su otorgamiento. En los supuestos de incapacidad permanente absoluta o de gran invalidez, no será necesario el indicado requisito relativo a la edad, cualquiera que sea la contingencia determinante de la invalidez.

* NOTA: el contenido de este párrafo b) es inaplicable. Véase artículo 138.1 de la LGSS.


Artículo 20.- Situaciones asimiladas al alta

1. Se consideran situaciones asimiladas a la de alta, a efectos de lo previsto en el apartado a) del artículo anterior, las que a continuación se establecen, siempre que concurran en ellas las condiciones que se determinen en las disposiciones de aplicación y desarrollo relativas a la acción protectora del Régimen General de la Seguridad Social.

a) La excedencia forzosa del trabajador por cuenta ajena, motivada por su designación para ocupar un cargo público o del Movimiento, con obligación por parte de la Empresa de readmitirle al cesar en el desempeño de dicho cargo, de conformidad con la legislación laboral aplicable.

b) El traslado del trabajador, por su Empresa, a centros de trabajo radicados fuera del territorio nacional.

c) El cese en la condición de trabajador por cuenta ajena, con la suscripción del oportuno convenio especial con la Mutualidad correspondiente.

d) El desempleo involuntario, total y subsidiado.

e) El paro involuntario, que subsista después de haberse agotado las prestaciones por desempleo, cuando el trabajador tuviese cumplidos en tal momento los cincuenta y cinco años de edad.

f) La suspensión del contrato de trabajo motivada por la permanencia en filas del trabajador para el cumplimiento del servicio militar, bien con carácter obligatorio o voluntario para anticiparlo, ampliado, a estos efectos, en los dos meses previstos en el número 2 del artículo 79 de la vigente Ley de Contrato de Trabajo.

* NOTA: la prestación del servicio militar ha quedado suspendida desde el 31 de diciembre de 2001 (artículo 1º del Real Decreto 247/2001, de 9 de marzo).

g) La de aquellos trabajadores que no se encuentren en situación de alta, ni en ninguna otra de las asimiladas a ésta, después de haber trabajado en puestos de trabajo que ofrecieran riesgo de enfermedad profesional y a los solos efectos de que pueda declararse una incapacidad permanente debida a dicha contingencia.

h) Las demás que puedan declararse expresamente por el Ministerio de Trabajo, al amparo de lo previsto en el número 2 del artículo 93 de la Ley de Seguridad Social, de 21 de abril de1966.

* NOTA: las referencias normativas en la actualidad deben ser al artículo 125.1 y 2 de la LGSS y al artículo 36 del Real Decreto 84/1996, de 26 de enero.

2. Los trabajadores comprendidos en el campo de aplicación del Régimen General se considerarán de pleno derecho afiliados y en alta, a efectos de incapacidad permanente derivada de accidente de trabajo o enfermedad profesional, aunque su empresario hubiere incumplido sus obligaciones al respecto y sin perjuicio de las responsabilidades de todo orden que de ello se deriven para el mismo.


Artículo 21.- Nacimiento y duración del derecho

* NOTA: los apartados 1, 2 y 3 de este artículo deben considerarse inaplicables.

1. El subsidio de espera se percibirá a partir del día siguiente al de la declaración de invalidez recuperable y tendrá la duración máxima de doce meses determinada en el apartado a), a’), del artículo 14.

2. El subsidio de asistencia se percibirá a partir del día en que el trabajador sea llamado a los tratamientos o procesos de readaptación y rehabilitación, siempre que se incorpore a ellos en el plazo o fecha fijados en el llamamiento, y en tanto duren los mismos.

3. La cantidad a tanto alzado, prevista en los artículos 14 y 15, se percibirá, cuando proceda, en los siguientes momentos:

a) Si la invalidez hubiese sido declarada con posibilidad razonable de recuperación, al dar por finalizado el consiguiente tratamiento o proceso de rehabilitación y previa la revisión de la incapacidad, si procediera, como consecuencia del mismo, de acuerdo con lo preceptuado en el artículo 16.

b) Si la invalidez hubiese sido declarada sin posibilidad razonable de recuperación, por resolución definitiva de la Comisión Técnica Calificadora competente, la cantidad se percibirá con carácter inmediato en ejecución de tal resolución.

4. La pensión vitalicia, prevista en el número 2 del artículo 15 y en los artículos 17 y 18, se percibirá a partir del día declarado como de iniciación de la situación de incapacidad permanente.


Artículo 22.- Extinción.

* NOTA: los apartados 1 y 2 de este artículo deben considerarse inaplicables.

1. El subsidio de espera se extinguirá por alguna de las siguientes causas:

a) Llamamiento del trabajador a los tratamientos o procesos de readaptación y rehabilitación.

b) Transcurso del período máximo de doce meses a que se refiere el apartado a), a’), del artículo 14.

c) Por haber sido reconocido al beneficiario el derecho a la pensión de vejez.

2. El subsidio de asistencia se extinguirá por terminación de los tratamientos o procesos de readaptación y rehabilitación y por la causa señalada en el apartado c) del número anterior.

3. La pensión vitalicia se extinguirá por revisión de la incapacidad declarada.


Artículo 23.- Denegación, anulación y suspensión del derecho

1. El derecho a las prestaciones económicas por incapacidad permanente podrá ser denegado, anulado o suspendido:

a) Cuando el beneficiario haya actuado fraudulentamente para obtener o conservar el derecho a las mismas.

b) Cuando la incapacidad permanente sea debida o se haya agravado a consecuencia de imprudencia temeraria del beneficiario.

c) Cuando la incapacidad permanente sea debida o se haya agravado a consecuencia de haber rechazado o abandonado el beneficiario, sin causa razonable, el tratamiento sanitario que le hubiere sido indicado durante las situaciones de incapacidad temporal o invalidez provisional.

d) Cuando el beneficiario, sin causa razonable, rechace o abandone los tratamientos o procesos de readaptación y rehabilitación procedentes.

2. La denegación, anulación y suspensión del derecho corresponderá, en vía administrativa, a las Comisiones Técnicas Calificadoras.

* NOTA: la referencia debe entenderse hecha al INSS. Las Comisiones Técnicas Calificadoras quedaron extinguidas a partir de la reforma de la Organización gestora en 1978 y, en virtud del artículo 1 del Real Decreto 2609/1982, de 24 de septiembre, sus funciones quedaron atribuidas a las Entidades gestoras.


Artículo 24.- Compatibilidades

* NOTA: en materia de compatibilidades en el percibo de prestaciones económicas por incapacidad permanente, véanse los artículos 141 y 179.3 de la LGSS. Téngase en cuenta también el artículo 2º del Real Decreto 1071/1984, de 23 de mayo.

1. El subsidio de espera será compatible con la percepción de un salario siempre que la suma de ambos conceptos fuese igual o inferior a la retribución que el trabajador viniera percibiendo al ocurrir la contingencia: si fuese de cuantía superior, el salario podrá reducirse por la Empresa que haya dado tal colocación hasta el importe del salario percibido anteriormente o el superior que lo haya sustituido con carácter general.

2. El subsidio de asistencia será compatible con las becas o salarios de estimulo; en el caso de que los tratamientos o procesos de readaptación permitiesen la realización de trabajos por cuenta ajena, se aplicarán las normas del número anterior.

* NOTA: los apartados 1 y 2 de este artículo deben considerarse sin efecto.

3. La pensión vitalicia por incapacidad permanente total para la profesión habitual, prevista en el número 2 del artículo 15, será compatible con la percepción de un salario, en la misma Empresa o en otra distinta. Cuando la incapacidad del trabajador afecte a la capacidad exigida, con carácter general, para desempeñar el nuevo puesto de trabajo, aquél podrá convenir con el empresario que el salario asignado a ese puesto de trabajo se reduzca en la proporción que corresponda a su menor capacidad, sin que tal reducción pueda exceder, en ningún caso, del 50 por 100 del importe de la pensión; el contrato, en que así se convenga, deberá formalizarse por escrito y se presentará por triplicado ante la Delegación Provincial de Trabajo para su conocimiento y aprobación, con devolución a los interesados de los ejemplares del contrato.

* NOTA: según lo dispuesto en el artículo 2 de la Orden de 20 de abril de 1998 las anteriores referencias a las Delegaciones Provinciales de Trabajo se debían entender hechas a las Direcciones Provinciales de Trabajo, Seguridad Social y Asuntos Sociales. Sin embargo, la disposición final primera del Real Decreto 1330/1997, de 1 de agosto, de Integración de Servicios Periféricos y de Estructura de las Delegaciones del Gobierno estableció que en 1998 se integrarían en las citadas Delegaciones los servicios que se determinaran de las Direcciones Provinciales de Trabajo, Seguridad Social y Asuntos Sociales, suprimiéndose, en consecuencia, dichas Direcciones Provinciales. Pues bien, la integración se llevó a cabo mediante el Real Decreto 2725/1998, de 18 de diciembre, no afectando a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y, en cada Delegación del Gobierno, se crearon las Áreas de Trabajo y Asuntos Sociales, o las Dependencias Provinciales de Trabajo y Asuntos Sociales, integradas en las Subdelegaciones del Gobierno.

Actualmente, mediante el Real Decreto 942/2010, de 23 de julio, de reestructuración de diversas Áreas funcionales integradas en las Delegaciones del Gobierno, se han suprimido las Áreas y dependencias funcionales de Trabajo y Asuntos Sociales y las Áreas y dependencias funcionales de Sanidad, y se constituido en cada Delegación del Gobierno un Área de Trabajo e Inmigración y un Área de Sanidad y Política Social.

Asimismo, en las comunidades autónomas pluriprovinciales, las Áreas de Trabajo e Inmigración y de Sanidad y Política Social se organizarán en dependencias provinciales, en su caso, integradas en la correspondiente Subdelegación del Gobierno. Existirán dependencias provinciales en todas las provincias donde no tenga su sede la Delegación del Gobierno.

4. Las pensiones vitalicias en caso de incapacidad permanente absoluta o gran invalidez no impedirán el ejercicio de aquellas actividades, sean o no lucrativas, compatibles con el estado de inválido y que no representen un cambio en su capacidad de trabajo a efectos de revisión.


Artículo 25.- Pago

1. El pago de las prestaciones económicas por incapacidad permanente correrá a cargo:

a) En caso de enfermedad común o accidente no laboral, de la correspondiente Mutualidad Laboral.

* NOTA: las Mutualidades Laborales quedaron extinguidas a partir de la reforma de la Organización gestora de 1978. Debe entenderse atribuida la referencia al INSS.

b) En caso de accidente de trabajo, de la Mutualidad Laboral o Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social, en su caso, que tuviera a su cargo la protección de la incapacidad debida a dicha contingencia o, cuando se trate de una pensión vitalicia, del Servicio Común de la Seguridad Social, al que se refiere el número 3 del artículo 213 de la Ley de Seguridad Social, mediante constitución en el mismo, por aquellas Entidades, del valor actual del capital coste de la pensión.

* NOTA: el Servicio Común a que se refería el número 3 del artículo 213 de la Ley General de la Seguridad Social de 21 de abril de 1966 es el Fondo de Garantía de Accidentes de Trabajo, desaparecido a partir de la reforma de la Organización gestora en 1978.

c) En caso de enfermedad profesional, de la Entidad gestora que tenga a su cargo la protección de la incapacidad debida a dicha contingencia.

* NOTA: a partir del 1-1-2008, se modifica el sistema de compensación para hacer frente a las pensiones de incapacidad permanente o muerte por enfermedad profesional; desaparece la posibilidad de opción y se implanta la obligación de ingresar el capital coste de las pensiones de enfermedad profesional cuya responsabilidad corresponde asumir a las Mutuas, según los artículos 68.3.a), 87.3 y 201.1 y 3 de la LGSS.

2. El pago de los subsidios de espera y asistencia y de las pensiones vitalicias se llevará a cabo por mensualidades naturales vencidas, debiendo realizarse dentro de los diez primeros días del mes siguiente al del vencimiento.

3. El pago tendrá lugar en las oficinas de la Entidad obligada al mismo; también podrá efectuarse mediante giro postal o procedimiento similar, previa solicitud del beneficiario, pudiendo descontarse a su cargo los gastos ocasionados.

4. Lo dispuesto en el presente artículo se entenderá sin perjuicio de la responsabilidad empresarial a que haya lugar, en aplicación de lo preceptuado en la sección segunda del capítulo III del título 1 de la Ley de la Seguridad Social, de 21 de abril de 1966, por incumplimiento de las obligaciones que en materia de afiliación, alta o cotización incumbe a los empresarios.

* NOTA: en materia de responsabilidad empresarial, véanse los artículos 94, 95, 96 y 97, apartados 1 y 2, de la Ley de Seguridad Social de 21-4-66 y los artículos 126 y 127 de la actual LGSS.


SECCIÓN 3ª. PRESTACIONES RECUPERADORAS

* NOTA: lo dispuesto en esta Sección 3ª (artículos 26 a 34) debe entenderse derogado, al haber quedado suprimidas las prestaciones recuperadoras, desde 1-1-04, en virtud de la disposición derogatoria única.d) de la Ley 52/2003, de 10 de diciembre.

Subsección 1ª. Calificación

Artículo 35.- Competencia.

Corresponderá, en vía administrativa, a las Comisiones Técnicas Calificadoras:

* NOTA: en la actualidad estas competencias corresponden al INSS.

a) La declaración de las situaciones de incapacidad permanente, en sus distintos grados de incapacidad y de las contingencias determinantes de las mismas, así como de la existencia o no de posibilidad razonable de recuperación.

b) La declaración de derecho a favor del beneficiario como consecuencia de lo establecido en el apartado anterior.

c) La determinación de la Entidad gestora, Mutua o empresarios responsables, en su caso, de las prestaciones.


Subsección 2ª. Revisión

Artículo 36.- Supuesto y causas

Las declaraciones de incapacidad serán revisables en todo tiempo, en tanto que el incapacitado no haya cumplido la edad mínima establecida para la de pensión de jubilación, por alguna de las causas siguientes:

a) Agravación o mejoría.

b) Error de diagnóstico.


Artículo 37.- Solicitud.

* NOTA: artículo derogado por el Real Decreto 1300/1995, de 21 de julio.

Artículo 38.- Plazos

La primera revisión sólo se podrá solicitar después de transcurridos dos años desde la fecha en que se haya declarado la incapacidad, y las posteriores revisiones después de transcurrido un año desde la fecha de acuerdo firme que haya resuelto la petición de revisión anterior. Los plazos señalados en el presente artículo no serán de aplicación en el supuesto de revisión previsto en el artículo 16, ni en aquellos casos en que el inválido haya perdido su empleo y exista la presunción de que tal pérdida sea debida a una agravación de su incapacidad.

* NOTA: el contenido de este artículo hay que considerarlo sin efecto por normas posteriores.


Artículo 39.- Competencias

Las Comisiones Técnicas Calificadoras serán competentes para conocer en vía administrativa de las solicitudes de revisión.

* NOTA: en materia de revisión, véase el apartado 3 del artículo 143 de la LGSS y el artículo 17 y siguientes de la Orden de 18 de enero de 1996.


Artículo 40.- Consecuencias de la revisión

Cuando, como consecuencia de una revisión, se modifique la calificación de incapacidad existente con anterioridad, se aplicarán las siguientes normas:

a) Si al trabajador declarado en un grado de incapacidad que le diera derecho a pensión se le reconociese como resultado de la revisión otro grado que le dé derecho a una pensión de cuantía diferente, pasará a percibir la nueva pensión a partir del día siguiente a la fecha de la resolución definitiva en que así se haya declarado.

b) Si al trabajador declarado en un grado de incapacidad que le diera derecho a pensión se le reconociese, como resultado de la revisión, otro grado que le dé derecho a una cantidad a tanto alzado, dejará de percibir la pensión a partir del día siguiente a la fecha de la resolución definitiva en que así se haya declarado y percibirá la parte de la indicada cantidad que, en su caso, exceda del importe total percibido en concepto de pensión.

c) Si al trabajador declarado en un grado de incapacidad que le diera derecho a pensión se le reconociese, como resultado de la revisión, la no existencia de grado alguno de incapacidad, dejará de percibir la pensión a partir del día siguiente a la fecha de la resolución definitiva en que así se haya declarado; en el supuesto de que se le reconociese el derecho a percibir una indemnización a tanto alzado por lesiones permanentes no invalidantes, se le aplicará la norma establecida en el apartado anterior.

d) Si al trabajador declarado en un grado de incapacidad que le hubiera dado derecho a una cantidad a tanto alzado se le reconociese, como resultado de la revisión, otro grado que le dé derecho a una cantidad a tanto alzado de cuantía diferente, percibirá la diferencia entre ambas si la nueva cantidad fuese superior a la anterior, y si fuese inferior no vendrá obligado a reintegrar la diferencia entre las mismas.

e) Si al trabajador declarado en un grado de incapacidad que le hubiera dado derecho a una cantidad a tanto alzado se le reconociese, como resultado de la revisión, otro grado que le dé derecho a una pensión, ésta se devengará a partir del día siguiente a la fecha de la resolución definitiva en que así se haya declarado, pero no comenzará a percibirse hasta que se haya deducido de la misma el importe correspondiente a las mensualidades de la cantidad alzada percibida que excedan de las transcurridas desde que se reconoció el derecho a ella.

f) Si el trabajador declarado en un grado de incapacidad que le hubiera dado derecho a una cantidad a tanto alzado se le reconociese, como resultado de la revisión, la no existencia de grado alguno de incapacidad, no vendrá obligado a devolver ninguna cantidad, y en el supuesto de que se le reconociese el derecho a percibir una indemnización a tanto alzado por lesiones permanentes no invalidantes, se aplicará la norma establecida en el apartado d).

g) Las modificaciones y transformaciones de pensiones, cantidades alzadas o indemnizaciones por baremo que se hayan producido como consecuencia de los supuestos señalados en los apartados anteriores darán lugar a las oportunas compensaciones, ingresos o devoluciones entre el correspondiente servicio o servicios comunes de la Seguridad Social, Mutualidad Laboral, Mutua o empresario responsable, que deberán llevarse a cabo en el plazo de un mes, a partir de la fecha en que la resolución que las motive sea definitiva. En los casos de desaparición o insolvencia de una Mutua o empresario responsable le sustituirá en sus obligaciones y derechos derivados de la revisión el Fondo de Garantía de Accidentes de Trabajo.

* NOTA: el Fondo de Garantía de Accidentes de Trabajo desapareció como consecuencia de la reforma de la Organización gestora en 1978.


SECCIÓN 5ª NORMAS ESPECIALES PARA LA INCAPACIDAD PERMANENTE DERIVADA DE ENFERMEDAD PROFESIONAL.

Artículo 41.- Normas aplicables

Los grados de incapacidad, beneficiarios, condiciones y cuantía de las prestaciones en caso de enfermedad profesional serán las que se establecen, con carácter general, en el presente capitulo, con las particularidades que expresamente se determinan en los artículos siguientes.


Artículo 42.- Iniciación del derecho

La iniciación del derecho a percibir las pensiones por incapacidad permanente derivada de enfermedad profesional tendrá lugar en las siguientes fechas:

a) Cuando el trabajador se encuentre al servicio de una Empresa en el momento del consiguiente reconocimiento médico y de la declaración de la incapacidad permanente, dicha fecha será la del día siguiente a la terminación de la situación de incapacidad temporal de la que se derive la incapacidad permanente.

b) Cuando el trabajador no se encuentre al servicio de ninguna Empresa al producirse el reconocimiento médico oficial que se lleve a efecto como consecuencia de haberse instado en la forma procedente, que se le declare en la situación de incapacidad permanente, dicha fecha será aquélla en que haya tenido lugar el reconocimiento; cuando el trabajador se encuentre en la situación de invalidez provisional o de desempleo total y subsidiado, al ser declarada su incapacidad permanente por enfermedad profesional, la expresada fecha será la del día siguiente al del cese en aquella situación.


Artículo 43.- Compatibilidad

1. Los pensionistas por enfermedad profesional podrán realizar trabajos por cuenta ajena, siempre que hayan obtenido previamente autorización de la Entidad gestora que tenga atribuida la protección por enfermedad profesional. Para la concesión de tales autorizaciones se tendrá en cuenta la naturaleza y condiciones del trabajo a realizar y las circunstancias que concurran en la enfermedad profesional del trabajador.

2. Los empresarios que empleen a trabajadores que sean pensionistas por enfermedad profesional deberán comprobar, antes de admitirles al trabajo, que han obtenido la autorización a que se refiere el número anterior.

3. El incumplimiento por parte de los trabajadores o empresarios de lo dispuesto en este artículo podrá dar lugar a la aplicación de las sanciones previstas para unos y otros en el artículo 193 de la Ley de la Seguridad Social.

* NOTA: en la actualidad la referencia al art. 193 de la Ley de la Seguridad Social hay que entenderla al art. 96 de la LGSS.


Artículo 44.- Reconocimientos periódicos

La Entidad gestora o servicio común correspondiente podrá disponer que se practiquen a los trabajadores que hayan sido declarados incapacitados por enfermedad profesional los reconocimientos médicos que se consideren procedentes e instar, como resultado de los mismos, las consiguientes revisiones de su incapacidad. En estos casos no regirán los plazos señalados con carácter general para las revisiones, pero entre los reconocimientos sucesivos deberán transcurrir al menos seis meses.


Artículo 45.- Normas particulares para la silicosis

1. El primer grado de silicosis, que comprenderá los casos de silicosis definida y típica, que no origine, por si misma, disminución alguna en la capacidad para el trabajo, no tendrá la consideración de situación constitutiva de incapacidad.

No obstante, dicho grado se equiparará:

a) Al segundo grado de silicosis, al que se refiere el número 2 del presente artículo, mientras aquélla coexista con alguna de las enfermedades siguientes:

a’) Bronconeumopatía crónica, esté o no acompañada de síndromes asmáticos.

b’) Cardiopatía orgánica, aunque esté perfectamente compensada.

c’) Cuadro de tuberculosis sospechoso de actividad o lesiones residuales de esta etiología.

b) Al tercer grado de silicosis al que se refiere el número 3 del presente artículo, mientras aquélla concurra con afecciones tuberculosas que permanezcan activas.

2. El segundo grado de silicosis, que comprenderá los casos de silicosis definida y típica que inhabiliten al trabajador para desempeñar las tareas fundamentales de su profesión habitual, tendrá la consideración de situación constitutiva de incapacidad permanente y se equiparará al de incapacidad total para la profesión habitual.

No obstante, dicho grado de silicosis se equiparará al tercero, al que se refiere el número siguiente, mientras aquélla concurra con afecciones tuberculosas que permanezcan activas.

3. El tercer grado de silicosis, que comprenderá los casos en que la enfermedad se manifieste al menor esfuerzo físico y resulte incompatible con todo trabajo, tendrá la consideración de situación constitutiva de incapacidad permanente y se equiparará al de incapacidad absoluta para todo trabajo.

4. El trabajador declarado silicótico de segundo grado tendrá derecho, cualquiera que fuese su edad, a la pensión vitalicia prevista en el número 2 del articulo 15, sin perjuicio de que pueda acogerse a las medidas de recuperación procedentes, en cuyo caso, además de la pensión, percibirá sólo las becas y salarios de estímulo que puedan corresponderle.


CAPITULO IV Lesiones permanentes no invalidantes

Artículo 46.- Indemnizaciones por baremo

Las lesiones, mutilaciones y deformidades de carácter definitivo causadas por accidentes de trabajo o enfermedad profesional, que sin llegar a constituir una incapacidad permanente supongan una disminución o alteración de la integridad física del trabajador y aparezcan recogidas en el baremo anexo a la presente Orden, serán indemnizadas por una sola vez, con las cantidades alzadas que en el mismo se determinan.

* NOTA: las cuantías actuales de las indemnizaciones por baremo de las lesiones, mutilaciones y deformidades de carácter definitivo y no invalidantes están establecidas en el Anexo a la Orden ESS/66/2013, de 28 de enero.


Artículo 47.- Incompatibilidad y compatibilidad

1. Dada la naturaleza no invalidante de las lesiones, mutilaciones y deformidades a que se refiere el artículo anterior las cantidades a tanto alzado que procedan en la aplicación del baremo previsto en el mismo serán incompatibles con las prestaciones económicas establecidas para la incapacidad permanente en cualquiera de sus grados de incapacidad.

2. No obstante lo dispuesto en el número anterior, si como consecuencia de un accidente de trabajo o enfermedad profesional se produjeran lesiones, mutilaciones o deformidades de aquellas a las que este capítulo se refiere, que sean totalmente independientes de las que hayan sido tomadas en consideración para declarar una incapacidad permanente y el consiguiente grado de incapacidad, las indemnizaciones que con arreglo al baremo correspondan por las referidas lesiones, mutilaciones o deformidades serán compatibles con las prestaciones económicas a que la incapacidad de derecho.


Artículo 48.- Pago

Las indemnizaciones que procedan, de acuerdo con lo dispuesto en el presente capítulo, serán satisfechas al trabajador, beneficiario de las mismas, por la Entidad gestora o Mutua que estuviese obligada a realizar el pago de las prestaciones por incapacidad permanente derivada de accidente de trabajo o enfermedad profesional.


Artículo 49.- Derecho a la permanencia en la Empresa

La percepción de las indemnizaciones previstas en este capítulo se entenderá sin perjuicio del derecho del trabajador a continuar al servicio de la empresa.


Artículo 50.- Competencia de las Comisiones Técnicas Calificadoras

* NOTA: competencias atribuidas al INSS. Este artículo debe entenderse sustituido por el artículo 1 del Real Decreto 1300/1995, de 21 de julio.

Será competencia de las Comisiones Técnicas Calificadoras, respecto a la materia objeto de este capítulo:

a) La declaración de la existencia de las lesiones, mutilaciones y deformidades.

b) La determinación de las indemnizaciones que procedan de acuerdo con el baremo anexo a la presente Orden, y

c) La determinación de la Entidad gestora, Mutua o empresario responsable, en su caso, del pago de la indemnización.


CAPITULO V Recargo de prestaciones económicas

Artículo 51.- Procedencia del recargo

Las indemnizaciones a tanto alzado, las pensiones vitalicias y las cantidades tasadas en el baremo de lesiones no invalidantes que resulten debidas a un trabajador víctima de accidente de trabajo o enfermedad profesional, se aumentarán, según la gravedad de la infracción, de un 30 a un 50 por 100, cuando la lesión se produzca en máquinas, artefactos, instalaciones o centros y lugares de trabajo que carezcan de los dispositivos y precaución reglamentarios, los tengan inutilizados o en malas condiciones o en los que no se hayan observado las medidas generales o particulares de seguridad e higiene en el trabajo o las elementales de salubridad o adecuación al trabajo.


Artículo 52.- Responsabilidad

1. La responsabilidad del pago del recargo establecido en el artículo anterior recaerá directamente sobre la Empresa infractora y no podrá ser objeto de seguro alguno, siendo nulo de pleno derecho, cualquier pacto o contrato que se realice para cubrirla, compensarla o transmitirla.

2. La responsabilidad que regula este artículo es independiente y compatible con las de todo orden, incluso penal, que puedan derivarse de la infracción.


Artículo 53.- Declaración de la responsabilidad

Serán competentes para declarar y determinar en vía administrativa la responsabilidad fijada en este capítulo las Comisiones Técnicas Calificadoras.

* NOTA: competencia atribuida al INSS. Este artículo debe entenderse sustituido por el artículo 1 del Real Decreto 1300/1995, de 21 de julio.


Disposición Adicional.

En el supuesto de que una Entidad gestora o Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social no pueda efectuar el llamamiento de trabajadores que hayan sido declarados inválidos en los grados de incapacidad permanente parcial o total para la profesión habitual y con posibilidad razonable de recuperación, a los tratamientos o procesos de readaptación y rehabilitación, dentro del período máximo de doce meses a que se refiere el apartado a) a’) del articulo 14 e igual apartado del número 1 del artículo 15 de la presente Orden por rebasar momentáneamente el número de aquellos trabajadores la capacidad de los centros y servicios de que disponga a tales efectos la Entidad gestora o Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social, la misma deberá solicitar de la Dirección General de Previsión, en escrito razonado, que autorice, en la medida que se estime necesario, la ampliación del plazo máximo de percepción de los subsidios de espera previstos en los preceptos antes indicados de la presente Orden.

* NOTA: este artículo debe entenderse sin efecto.


Disposición Final.

Se faculta a la Dirección General de Previsión para resolver cuantas cuestiones puedan plantearse en aplicación de la presente Orden.


Disposición Transitoria.

En tanto no se haga uso por el Ministerio de Trabajo de la facultad que le confiere el número 1 de la disposición transitoria quinta de la Ley de la Seguridad Social, el Servicio Común a que se refiere el apartado b) del citado precepto asumirá las funciones que en la presente Orden se atribuyen a la Entidad gestora de la invalidez debida a enfermedad profesional.

* NOTA: disposición que debe entenderse sin efecto, en virtud de la reforma de la Organización gestora de 1978.


BAREMO ANEXO.

* NOTA: el baremo de las lesiones permanentes no invalidantes se contiene en la Orden ESS/66/2013, de 28 de enero.



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