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Real Decreto 947/2001, de 3 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del Servicio Jurídico de la Administración de la Seguridad Social.


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Real Decreto 947/2001, de 3 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del Servicio Jurídico de la Administración de la Seguridad Social.Abrir el documento: Real Decreto 947/2001, de 3 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del Servicio Jurídico de la Administración de la Seguridad Social.PDF162 Kb02/03/2016

(BOE núm. 215, de 7 de septiembre de 2001)

Última actualización: 29 de febrero de 2016

El Real Decreto-ley 36/1978, de 16 de noviembre, sobre Gestión Institucional de la Seguridad Social, la Salud y el Empleo vino a simplificar la compleja organización existente en este ámbito de la Administración, con la desaparición de gran parte de los organismos anteriores que fueron sustituidos por las actuales Entidades gestoras de la Seguridad Social. A raíz de esta reforma se produjo la integración de los Letrados al servicio de los distintos organismos gestores extinguidos y pertenecientes a Cuerpos diferentes, en un único Cuerpo al servicio de todas las Entidades gestoras y Servicios comunes de la Seguridad Social, que culmina con la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, que dispuso su integración en el actual Cuerpo Superior de Letrados de la Administración de la Seguridad Social.

Desde un principio, las Entidades gestoras y la Tesorería General de la Seguridad Social, crearon sus propios servicios jurídicos dando lugar a las Asesorías Jurídicas Centrales, del Instituto Nacional de la Seguridad Social, del Instituto Nacional de la Salud, del Instituto Social de la Marina, del entonces Instituto Nacional de Servicios Sociales y de la Tesorería General de la Seguridad Social, independientes entre sí.

A nivel periférico se organizaron las Asesorías Jurídicas Provinciales que, en un principio fueron únicas y comunes y que posteriormente se han ido desgajando hasta llegar al día de hoy en que, en la mayor parte de las provincias, las Entidades gestoras y la Tesorería General de la Seguridad Social cuentan en sus organigramas con una Asesoría Jurídica propia e independiente de las demás, a excepción del Instituto Social de la Marina.

Con este modelo organizativo surgieron indudables defectos de coordinación que intentaron paliarse a través del Real Decreto 530/1985, de 8 de abril, por el que se estableció la estructura orgánica básica del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, atribuyendo a la entonces Dirección General de Régimen Jurídico dependiente de la Secretaría General de la Seguridad Social las funciones de coordinación de las cuestiones contenciosas que afectasen a la Administración de la Seguridad Social y la coordinación de su defensa en juicio. Debido a la concurrencia de varios factores, dicha coordinación no se ejercitó tan ampliamente como hubiera sido deseable, pero, a pesar de ello, los sucesivos Reales Decretos de organización de este Departamento ministerial han venido repitiendo este esquema competencial y organizativo. Por lo que al asesoramiento jurídico se refiere, ni siquiera se ha contado con un instrumento organizativo de coordinación con el que garantizar una unidad de criterio.

En este estado de cosas, las Asesorías Jurídicas Centrales son las que han venido realizando esa función de coordinación sobre las Asesorías Jurídicas Provinciales, aunque sólo en el ámbito de la Entidad gestora o Servicio común al que figuraban adscritas.

Se hacía, por tanto, necesario establecer una nueva organización administrativa que, además de aprovechar con mayor eficiencia los recursos materiales y humanos de que se dispone, sea capaz de prestar una más eficaz asistencia jurídica en beneficio de la propia Administración de la Seguridad Social, así como de los ciudadanos.

Un primer paso lo constituye la aprobación de la Ley 52/1997, de 27 de noviembre, de Asistencia Jurídica al Estado e Instituciones Públicas, cuyo artículo 1.2, además de establecer que «la asistencia jurídica de la Administración de la Seguridad Social, consistente en el asesoramiento jurídico y la representación y defensa en juicio en el ámbito de las Entidades gestoras y Servicios comunes de la Seguridad Social corresponderá a los miembros del Cuerpo de Letrados de la Administración de la Seguridad Social», en consonancia con lo dispuesto por la Ley 6/1985, de 1 de julio, Orgánica del Poder Judicial en su artículo 447, viene a señalar que «la coordinación y dirección de la asistencia jurídica de la Seguridad Social corresponde a la Secretaría de Estado de la Seguridad Social».

En lo que constituye la propia motivación de la Ley, se pone de manifiesto que, respecto a la representación y defensa de las Entidades gestoras y de la Tesorería General de la Seguridad Social, se extienden a ellas las normas aplicables al Estado con las modificaciones imprescindibles derivadas de su específica naturaleza.

Así, en la disposición adicional tercera, la Ley 52/1997 prevé la aplicación de los artículos 5 a 9 y 11 a 14 «al ámbito de las Entidades gestoras y de la Tesorería General de la Seguridad Social, en la misma medida en que, atendida la naturaleza de las mismas y lo dispuesto por las Leyes vigentes, aquellos preceptos les sean aplicables, si bien las referencias contenidas en aquellos a los Abogados del Estado, al Servicio Jurídico del Estado o a la Dirección del Servicio Jurídico del Estado se entenderán efectuadas, respectivamente, a los Letrados de la Administración de la Seguridad Social, a los distintos Servicios comunes o Entidades gestoras a los cuales dichos Letrados estén adscritos, o a la Secretaría de Estado de la Seguridad Social».

Por su parte, la disposición adicional quinta de la Ley viene a plasmar la necesidad de hacer efectivo el principio de unidad de doctrina en el ámbito de la asistencia jurídica, disponiendo que el Gobierno adoptará las medidas organizativas necesarias para ello.

Por último, la disposición final primera de la Ley de Asistencia Jurídica al Estado e Instituciones Públicas, habilita al Gobierno para aprobar las normas reglamentarias de ejecución y desarrollo de la Ley, previsión que según señala la propia exposición de motivos, deberá plasmarse en un desarrollo reglamentario que necesariamente habrá de producirse en un breve espacio de tiempo, para darle toda su virtualidad y eficacia.

El presente Real Decreto pretende establecer definitivamente una reglamentación específica de la asistencia jurídica en el ámbito de la Administración de la Seguridad Social, tan deseada como necesaria ante el vacío normativo existente. Esta nueva regulación responde, en primer lugar, a la necesidad de instrumentar eficazmente el servicio de asistencia jurídica de la Administración de la Seguridad Social a través de una nueva organización que garantice la unidad de criterio, contando para ello con una única dirección y el ejercicio efectivo de las funciones de coordinación, lo que indudablemente repercutirá en el logro de resultados más efectivos en este ámbito de actuación administrativa. En segundo lugar, ha de ser concebida como desarrollo de lo dispuesto en la propia Ley de Asistencia Jurídica al Estado e Instituciones Públicas.

A estos efectos, es importante reseñar lo dispuesto en el Real Decreto 692/2000, de 12 de mayo, por el que se establece la estructura orgánica del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, que creó el Servicio Jurídico de la Administración de la Seguridad Social como Servicio común de los previstos en el artículo 62 de la Ley General de la Seguridad Social, [entiéndase, articulo 73 de la LGSS de 2015] Texto Refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, sin personalidad jurídica propia, dependiente directamente de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, en el que se integran todos los miembros del Cuerpo Superior de Letrados de la Administración de la Seguridad Social adscritos actualmente a las distintas Asesorías Jurídicas. Al frente de este Servicio común, con nivel orgánico de Subdirección General, el Reglamento que se aprueba por el presente Real Decreto señala la Dirección del Servicio Jurídico de la Administración de la Seguridad Social, con la principal finalidad de desarrollar estas funciones coordinadoras y de dirección, bajo la tutela y superior dirección del Secretario de Estado de la Seguridad Social.

La citada Dirección del Servicio Jurídico de la Administración de la Seguridad Social contará de una adecuada estructura, cuyas notas básicas ya se recogen en el propio Reglamento aprobado por este Real Decreto.

Con objeto de hacer efectiva la unidad de criterio, así como el desarrollo de las funciones de dirección y coordinación, el Reglamento que se aprueba estructura el Servicio Jurídico de la Administración de la Seguridad Social en un Servicio Jurídico delegado en los Servicios Centrales de cada una de las Entidades gestoras y Servicios comunes de la Seguridad Social y, a nivel periférico, en un Servicio Jurídico delegado en cada provincia, único y común, que prestará la asistencia jurídica necesaria a las Direcciones Provinciales existentes en ese ámbito territorial. Estos Servicios Jurídicos delegados se integran orgánicamente en el Servicio Común bajo la dependencia funcional y jerárquica de la Dirección del Servicio Jurídico de la Administración de la Seguridad Social.

El capítulo II del Reglamento contiene una serie de preceptos que, en cumplimiento de lo previsto en la disposición adicional tercera de la Ley 52/1997, de 27 de noviembre, se dirigen a desarrollar los artículos relativos a las normas específicas sobre la representación y defensa en juicio y las especialidades procesales en el ámbito de las Entidades gestoras y de la Tesorería General de la Seguridad Social, en aquellos aspectos que les fueran de aplicación.

Como materia íntimamente conectada a la regulación de este Real Decreto, el Reglamento dedica un capítulo III a regular someramente aspectos básicos como el ingreso en el Cuerpo Superior de Letrados de la Administración de la Seguridad Social, pues es a sus miembros a quienes la Ley 52/1997, de 27 de noviembre, atribuye la asistencia jurídica de la Administración de la Seguridad Social, en el ámbito de las Entidades gestoras y Servicios comunes, a fin de dar estabilidad a ciertos criterios básicos, así como de potenciar la relevancia que ha de tener el curso selectivo para el futuro ejercicio de las funciones asignadas a los Letrados de la Administración de la Seguridad Social.

En su virtud, a propuesta del Ministro de Administraciones Públicas y a iniciativa del Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 3 de agosto de 2001, dispongo:




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